Madrid.- Amnistía Internacional recibió hoy con
"satisfacción" la decisión de un tribunal divisional de Londres que
autorizó a Bélgica y a seis organizaciones pro derechos humanos a
interponer un nuevo recurso de revisión del caso Augusto Pinochet.
"En Amnistía Internacional damos la bienvenida a la decisión de
Londres y estamos satisfechos porque era lo que buscábamos", dijo un
vocero de la organización, una de las que solicitaron a la justicia
británica su anuencia para presentar el recurso de apelación.
La organización espera que "tras el estudio de nuestro recurso
se nos dé la razón", pues sostiene que la inclinación del ministro
británico del Interior, Jack Straw, a liberar al ex dictador chileno
por motivos de salud "adolece de falta de transparencia", señaló.
Amnistía Internacional demanda que se facilite a las partes el
informe médico en el que Straw basa su determinación para establecer
con todas las garantías si Pinochet está apto para enfrentar un
juicio, dijo el portavoz de AI en España, César Díaz.
Señaló que al mismo tiempo AI demanda que se realice otro examen
médico al ex dictador chileno para confirmar la decisión de Straw,
que según la organización provocó "indefensión" a las partes al no
facilitar el conocimiento del informe que originó su decisión.
Indicó que la agrupación defensora de los derechos humanos
considera que "en definitiva debe ser un tribunal el que decida sobre
el estado de salud de Pinochet" y señaló que la decisión de Straw
"arroja serias dudas y sospechas" sobre su imparcialidad.
El vocero dijo desconocer cuánto tiempo llevará al tribunal
examinar el recurso de revisión pero consideró una buena noticia la
posibilidad de interponerlo.
En el caso de que el tribunal rechace la pertinencia de los
recursos presentados, Bélgica y las otras organizaciones podrían
apelar ante la cámara de los lores del Reino Unido, lo que dilataría
la permanencia de Pinochet en Londres.
Sobre la actitud del gobierno español, que se negó a apelar la
decisión de Straw, Díaz afirmó que "siempre hemos dicho que el
gobierno debería recurrir ya que esa es su obligación ética y moral,
además de una posibilidad jurídica".
Amnistía Internacional lamentó la actitud del gobierno de España
y señaló que "antepuso su compromiso político al cumplimiento de la
justicia", concluyó.