El pronunciamiento del fiscal fue hecho al diario el tiempo, que se refirió a sus denuncias en el sentido de que las rebeldes fuerzas armadas revolucionarias de colombia (Farc) tienen en su poder a niños secuestrados.

Las Farc están en un proceso de paz con el gobierno del presidente Andrés Pastrana, que según analistas locales podría terminar con un indulto generalizado a cambio de la entrega de armas y la reincorporación rebelde a la vida civil.

Hace dos semanas, Pastrana planteó a los colombianos el aumento de los castigos para los secuestradores con 25 años de prisión sin derecho a rebajas y 50 años cuando las víctimas sean niños.

Para el fiscal, no es necesario el aumento de las penas sino una estricta aplicación de las existentes y el fortalecimiento de mecanismos para capturar a los responsables de ese delito.

El año pasado hubo en Colombia cerca de tres mil secuestrados, de los cuales al menos 800 aún permanecen en cautiverio, mientras este año las cifras han aumentado en forma significativa, según denuncias de organismos defensores de derechos humanos.

Se estima que el 45 por ciento de los secuestros son autoría de las Farc, el grupo guerrillero más antiguo y numeroso del país, que acude a esa práctica para financiar sus actividades insurgentes.

Pero el punto que causó el rechazo del fiscal y de amplios sectores de la sociedad, fue la confirmación del organismo acusador de que la guerrilla tiene en su poder a niños secuestrados y por cuya liberación exige apreciables sumas de dinero.