Las denuncias de que el ambiente tiende a "enrarecerse" las realizaron las organizaciones civiles Kichan Kichaqob, formada por indígenas, y Alianza Cívica, que se dedica a la observación electoral.

Los pronunciamientos fueron hechos luego de que el grupo paramilitar Paz y Justicia atacara a dos comunidades habitadas por simpatizantes zapatistas, en el municipio de Yajalon, y que el candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), actualmente en el gobierno de Chiapas, Sami David, fuera agredido físicamente.

El indígena Chol Pedro López Arcos, líder de Kichan Kichaqob, sostuvo que la ola de violencia desatada por paramilitares quiere inhibir el voto de las comunidades con presencia zapatista.

La zona norte de Chiapas, que abarca cinco municipios de mayoría indígena, es una de las regiones donde la presencia del grupo paramilitar Paz y Justicia es más acentuada, según diversos organismos civiles.

López Arcos dijo también que el gobierno de Chiapas otorgó a los grupos paramilitares dinero, equipos de radiocomunicación, uniformes y armas.

Por su parte, el representante de Alianza Cívica en Chiapas, Rogelio Gómez Hermosillo, llamó a la Procuraduría General de la República (PGR) a actuar para evitar las operaciones violentas de los paramilitares, algunos de los cuales han sido fotografiados por la prensa.