Como muestra del problema, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en una de sus recientes publicaciones, informó que "los gobiernos latinoamericanos pagan entre un 15 y 20 por ciento de más en sus compras y contratos, es decir entre 40 y 50 millones de dólares de exceso por año".

La Fundación para las Américas, un grupo privado regional, anunció en Washington el tema de la próxima Cumbre Andina Anticorrupción: el Rol de los Medios de Comunicación, a celebrarse entre el 20 y 21 de noviembre en Cartagena de Indias, Colombia.

A esa reunión asistirán el presidente de Colombia, los vicepresidentes de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, además de representantes de corporaciones, agencias no gubernamentales, universidades y medios de comunicación.

Cerca de 80 periodistas andinos, especializados en temas anticorrupción, fueron invitados a la reunión de Colombia.

Paul Constance, autor de un examen que publica el BID, indica que hasta hace unos años las compras públicas no eran una prioridad en el debate público, pero paulatinamente la sociedad civil exige cada vez con mayor insistencia su análisis.

La participación de los grupos no gubernamentales, la expansión de la libertad de prensa y la estabilidad de la democracia contribuyen para una mejor fiscalización de los asuntos públicos.

Jorge Claro de Maza, ex jefe de la oficina de Coordinación y Política de Adquisiciones del BID, indicó que "la función pública solía caracterizarse por el sigilo y su mala calidad. Ahora la gente reclama mayor transparencia y calidad".

La herencia de las estructuras estatizadas, con un Estado como mayor empleador, continúa como un mal en el que los corruptos se escudan para sacar provecho de la administración pública.

La debilidad de los organismos fiscalizadores y las leyes excesivamente complejas y burocráticas facilitan la corrupción.

Claro de Maza dijo que los corruptos "lubrican la maquinaria" estatal" para lograr ventaja económica mediante los sobornos, comisiones, contratos ficticios y otras maniobras que facilitan el cierre de contratos con los gobiernos.

Las naciones del sistema interamericano tratan de combatir el enraizado problema. Desde 1997 está vigente la Convención Interamericana Anticorrupción, pero sólo 20 de los 34 estados de la región se han adherido al acuerdo, el último fue Estados Unidos.

Una investigación de Elizabeth King y Andrew Mason, del Banco Mundial, estableció que una mayor participación de la mujer en las actividades públicas y privadas contribuye a reducir los riesgos de corrupción.

El lavado de dinero y los recursos procedentes del narcotráfico - en particular en las naciones andinas productoras de drogas ilegales- es fuente de corrupción.