El 17 de octubre de 1953, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se otorgó a la mujer mexicana la ciudadanía sin restricciones, con pleno derecho al voto y la capacidad para ocupar puestos de elección popular.

En 1974 se llevó a cabo una profunda revisión de la legislación mexicana para eliminar cualquier forma de discriminación hacia la mujer y se reformó el artículo cuarto de la constitución política.

El programa nacional de integración de la mujer al desarrollo dentro del Consejo Nacional de Población (CONAPO), fue creado en 1980.

Un objetivo prioritario de la política social de la presente administración, tal y como lo señala el plan nacional de desarrollo 1995-2000, es promover la participación plena y efectiva de la mujer en la vida económica, social, política y cultural del país.

Ello para contribuir a consolidar las condiciones para que tome parte en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones con el varón.

Las mujeres constituyen el sector mayoritario de la sociedad mexicana y su contribución al avance de la cultura política en el país ha influido en el proceso de la construcción democrática.

Gobierno y organizaciones civiles dirigidas por mujeres, han impulsado los derechos humanos de la mujer a la par que promueven cambios y proyectos legislativos en materia de violencia familiar.

En los últimos años se ha experimentado una mayor y creciente participación de la mujer en la vida política nacional, especialmente en el ámbito legislativo, colocando al país por arriba de la media de participación femenina a nivel mundial.

Desde 1953 a la fecha, seis mujeres han sido secretarias de estado, en comparación con más de 180 secretarios varones, de las cuales dos de ellas ocupan este cargo en la actualidad. Rosario Green Macías en relaciones exteriores y Julia Carabias Lillo en la Semarnap.

La presencia femenina en los puestos de alta dirección dentro de la estructura gubernamental representa menos del 10 por ciento del total, aunque debe señalarse que hay secretarías de estado donde alcanza una participación cercana al 20 por ciento.

En los últimos 15 años cuatro mujeres han gobernado una entidad federativa del país, 89 municipios son presididos por mujeres y en la suprema corte de justicia alrededor del 20 por ciento de los ministros son mujeres.

El programa nacional de la mujer reconoce que la población femenina desempeña un papel protagónico no sólo en la promoción del desarrollo económico y social, sino también en los avances democráticos y en la transmisión de nuestra cultura y valores.

La corriente avanzada liberal democrática del PRI demanda tipificar como delito el acoso sexual, en la vida social y laboral, así como toda forma de abuso de poder y actos prepotentes que atenten contra la vida académica, laboral y política de la mujer.

Se pronuncia por otorgar a las mujeres el pleno derecho a un trabajo y salario digno, apoyos a madres solteras y jefas de familia, capacitación laboral, apertura de guarderías.

Pide también modificar el código penal para que se intensifiquen los castigos para quienes ejerzan la violencia intrafamiliar y la explotación sexual de las mujeres.

La Constitución Política Mexicana en su artículo cuarto, establece la plena igualdad jurídica del hombre y de la mujer. No obstante, la realidad cotidiana dista de reflejar cabalmente este principio.