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Bogotá.- Miembros de la guerrilla de las FARC quemaron tres camiones que transportaban varias toneladas de comida hacia el sureño departamento colombiano de Putumayo, escenario hace dos meses de una dramática escasez de alimentos y víveres a causa de
un "paro armado" que mantiene ese grupo en esa zona, informaron hoy
las autoriadades locales.
El gobernador de Putumayo, Jorge Devia, dijo a la prensa que los
vehículos fueron incinerados, tras desatender la orden de las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) de no movilizarse por
las carreteras de ese departamento, fronterizo con Ecuador y Perú.
El funcionario indicó igualmente que la acción se habría efectuado
en cumplimiento de las amenzas que en pasados días lanzó el grupo
insurgente, según las cuales aumentaría el número de sus combatientes
en la región, para ejercer así un mayor control en vías y poblados.
Asimismo, las FARC serían las responsables de un atentado
terrorista el pasado sábado en Puerto Asís, en Putumayo, que ocasionó
la muerte a una persona y heridas de gravedad a otras 18, denunció el
Ejército.
Devia aseguró que la crítica situación de esa provincia tiende a
agravarse con el paso de los días, al sostener que a la escasez de
alimentos, combustible y víveres que afrontan sus habitantes se le
añade ahora la de dinero.
De acuerdo con las autoridades, la economía de es departamento
depende en gran medida de las actividades relacionadas con el
narcotráfico, ya que allí se concentra el 50 por ciento de los
cultivos de coca del país.
Voceros de las FARC han expresado que mantendrán el "paro armado",
hasta tanto el gobierno desista de aplicar el componente militar del
denominado Plan Colombia, una estrategia del presidente Andrés
Pastrana que prevé la erradicación de los plantíos ilegales del país.
Estados Unidos apoya esa iniciativa con 1.300 millones de dólares,
representados mayoritariamente en equipos y entrenamiento militar.
Pastrana espera obtener el respaldo económico de la Unión Europea
y la banca multilateral para la ejecución del Plan, cuyo costo es de
7.500 millones de dóleres, y que según ha dicho también prevé la
inversión social en las zonas más deprimidas de la nación
sudamericana.
Las FARC, la mayor guerrilla del país, han admitido que perciben
importantes recursos del tráficio de drogas, por lo que las
autoridades creen se opone a la ejecución de la estrategia
antidrogas.
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