Los pasos hacia la paz dados por el presidente Vicente Fox, que comenzaron el mismo día de su toma de posesión, el 1 de diciembre, recibieron de inmediato una respuesta positiva del líder zapatista, el "subcomandante Marcos", que aceptó la oferta de diálogo con el Gobierno con tres condiciones: desmilitarización, liberación de presos de la guerrilla y aprobación de una ley de derechos indígenas.

La elección de Pablo Salazar, un político de consensos y profundo conocedor del problema chiapaneco, para ocupar el Gobierno del estado, es también un factor fundamental en este nuevo panorama.

En el último mes, tras años de parálisis, el Ejecutivo ha acuartelado a más de 1.500 soldados en la zona de conflicto, ha anunciado, para las próximas horas, la liberación del primer bloque de presos zapatistas (sobre más de un centenar de encarcelados) y ha enviado al Congreso un proyecto de ley para proteger los derechos indígenas.

La solución al conflicto chiapaneco representa para Fox no sólo una prioridad política, sino económica, ya que el estado es una pieza clave para el denominado Plan Puebla-Panamá, un proyecto del presidente para impulsar el desarrollo del sur de México y Centroamérica.

Chiapas, uno de los estados más ricos del país en recursos naturales, es paradójicamente, uno de los más pobres en cuanto a renta per cápita, junto a Guerrero y Oaxaca, también en el sur de México.

La guerrilla zapatista, que se alzó en armas el 1 de enero de 1994 en San Cristóbal de las Casas, no debe tampoco perder la oportunidad de participar en un proceso de paz demandado por la izquierda y los sectores más progresistas de la sociedad mexicana.

El EZLN, que en principio reivindicó un sistema social y económico más justo pero de inmediato abrazó la bandera de los derechos indígenas, trastocó los planes del entonces presidente de México, Carlos Salinas (1988-1994), que acababa de proclamar el ingreso del país en el club de los desarrollados tras la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

La paz decretada unilateralmente por el Gobierno pocos días después del alzamiento, abrió un tenso proceso de diálogo que permitió firmar los denominados Acuerdos de San Andrés, sobre derechos indígenas en febrero de 1996.

La firma de estos acuerdos, sin embargo, no supuso una garantía de paz y, en septiembre de ese mismo año, el EZLN abandonó la mesa de negociaciones y acusó al Gobierno, para entonces presidido por Ernesto Zedillo, de incumplir los pactos.

Desde entonces, según denuncias de organizaciones civiles, la presencia militar en Chiapas se multiplicó, proliferaron los grupos paramilitares y aumentaron las expulsiones en las comunidades por enfrentamientos religiosos y políticos.

El Gobierno de Zedillo, según analistas consultados por EFE, jugó durante años al "desgaste" de la guerrilla, mientras "Marcos" hacía su guerra particular a través de internet y utilizaba sus comunicados para denunciar la corrupción y el aumento de la violencia.

Durante estos siete años, el conflicto ha dejado un saldo de centenares de muertos y más de 10.000 desplazados, entre ellos los sobrevivientes de la matanza de "Acteal", en la que 45 indígenas fueron asesinados por paramilitares afines al PRI el 22 de diciembre de 1997.

En el nuevo contexto, si el proceso de paz sigue adelante, el EZLN tendrá que pronunciarse sobre la posibilidad de dejar las máscaras y las armas y transformarse en un movimiento civil o en una fuerza política, atendiendo a las demandas de la sociedad mexicana.

México está pendiente ahora de los pasos de ambas partes a partir de febrero, cuando "Marcos" visitará "oficialmente", por primera vez, la capital del país, acompañado de su cuadro de "altos mandos" indígenas.