Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informaron que los ex comandantes se acogieron al beneficio del artículo 20 Constitucional, para reservarse a declarar y presentar un testimonio por escrito en próximas fechas.

Las fuentes explicaron que el citatorio está relacionado con la averiguación previa FSP/1629/2000-09, por los delitos de fraude específico y abuso de autoridad presentada en septiembre del año pasado, con el testimonio de 78 policías auxiliares.

Al respecto, comentaron que la primer denuncia por fraude presentada en noviembre de 1999 por el entonces Secretario de Seguridad Pública del DF, Alejandro Gertz, ya no podrá ser reabierta, a pesar de los anuncios hechos por el Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y el Procurador capitalino Bernardo Bátiz.

Dijeron que en esa denuncia, con número de expediente FSP/463/99-11, no reunió los elementos suficientes para su investigación, debido a que el titular de la SSP no contaba con personalidad jurídica para denunciar un fraude cometido con los fondos de policías.

"¿Cómo la Secretaría de Seguridad se iba a querellar si no era la afectada?, y supuestamente el fraude se cometió con el 33 por ciento que le quitan a los policías de su salario, en una aportación que se hace a la Asociación Civil.

"Por este motivo se presentó la segunda denuncia, ahora sí por policías auxiliares, con personalidad jurídica para reclamar su dinero, en una denuncia penal por fraude específico y abuso de autoridad", explicó la fuente.

El ex Secretario de Seguridad Pública capitalino, Gertz Manero, solicitó a la Contraloría Interna del Gobierno del DF y a la Procuraduría capitalina, en 1999, que investigaran un posible fraude con fondos para los salarios de la Policía Auxiliar.

La Contraloría encontró evidencias suficientes para determinar la inhabilitación de un ex Director de la corporación y 26 ex comandantes, quienes no podrán ocupar un cargo público hasta por 20 años.

Mientras tanto la PGJDF decretó el no ejercicio de la acción penal, al concluir que los fondos no eran públicos, que la Policía Auxiliar se rige por un reglamento de 1949 y la única intervención de la administración pública local era registrar los ingresos de la corporación, cosa que ocurría.

La semana pasada, el Ombudsman capitalino, Luis de la Barreda se pronunció por reabrir el expediente de la primer denuncia, lo que fue aceptado por López Obrador y Bátiz, sin embargo las investigaciones por la segunda denuncia están abiertas.

"El Ministerio Público está obligado a seguir con las investigaciones, pero de la segunda denuncia, en la primera ya no hay mucho que hacer", comentó la fuente de la SSP.