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Investiga SFP corrupción en Semarnat
| Uno de los principales implicados es el exsubsecretario de Gestión para la Protección del Medio Ambiente, Raúl Arriaga Becerra
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En resumen:
Los servidores públicos y ex funcionarios están siendo investigados por probables violaciones a leyes ambientales
Figuran 28 funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ex directores están involucrados en aparentes irregularidades relacionadas con permisos de caza
Notimex.- (21-01-2004).- México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició un procedimiento de responsabilidades contra el ex subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, Raúl Arriaga Becerra, así como contra 27 ex funcionarios más de la dependencia federal, por probables violaciones a leyes ambientales.
Entre los ex servidores públicos que son investigados por presuntas violaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), figura el ex director general de Vida Silvestre de la Semarnat, Fernando Clemente Sánchez.
También el ex director de Atención y Apoyo a Usuarios, Eleazar Loa Loza, y el entonces director de Promoción, Desarrollo Regional y Operaciones de Campo, José María Reyes Gómez, están involucrados en aparentes irregularidades relacionadas con permisos de caza que causaron un presunto daño al patrimonio de la Federación por más de tres millones de pesos.
Un total de 28 ex funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fueron identificados por la SFP como probables responsables de haber autorizado permisos de caza, bajo una figura legal inexistente denominada Proyectos en Áreas de Manejo Sustentable de la Vida Silvestre (PAMS) y sin la autorización de propietarios de predios.
La SFP señaló que Arriaga Becerra instruyó en julio del año pasado a la Dirección General de Vida Silvestre para que continuara con el esquema de los PAMS.
También, según la SFP, fue informado de que se autorizaran permisos de caza a asociaciones civiles y particulares, aun sin el consentimiento de los legítimos poseedores de los predios donde se llevaría a cabo el aprovechamiento de fauna silvestre.
En un comunicado, la institución federal agregó que Clemente Sánchez autorizó y remitió a delegados de la Semarnat en diversos estados del país durante las temporadas 2001-2002 y 2002-2003, 25 tasas del llamado aprovechamiento extractivo de fauna silvestre, otorgando a particulares y asociaciones civiles hasta 60 por ciento de cintillos de cobro cinegético.
A su vez, Loa Loza y Reyes Gómez autorizaron nueve y dos tasas de aprovechamiento extractivo de fauna silvestre, respectivamente, a asociaciones civiles y particulares, a quienes también otorgaron 60 por ciento de cintillos de cobro cinegético.
La auditoria practicada por el Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat estableció que las autorizaciones de caza fueron otorgadas sin obtener el permiso del propietario o legítimo poseedor, lo que podría presentar violaciones a la LGEEPA y a la LGVS.
Los ex servidores públicos intentaron justificar sus decisiones con el PAMS y algunos convenios que no fueron especificados, por lo que los expedientes ya se encuentran en el área central de Responsabilidades de la SFP, la cual deberá definir las sanciones y responsabilidades a las que podrían hacerse acreedores los involucrados.
Los 24 ex funcionarios más que serán investigados, son delegados y ex delegados de la Semarnat, quienes al parecer no verificaron con documentación fehaciente que las cantidades de cintillos que recibieron para la venta a asociaciones civiles tuvieran el consentimiento de los propietarios o legítimos poseedores de los predios.
La SFP detalló que en algunos de estos casos no se encontró la comprobación de pago de cintillos, por lo que se detectó un posible daño económico al patrimonio de la Federación, por un monto de tres millones 131 mil 396 pesos.
Los delegados y ex delegados contra quienes se inició procedimiento administrativo de responsabilidades son: José de Jesús Infante de Alba, en Aguascalientes; Carlos Alfonso De La Parra Rentería, en Baja California; Carlos Fernández Aceves García, en Baja California Sur; Erick Raúl Baqueiro Cárdenas, en Campeche y José Cándido Treviño Fernández, en Chihuahua.
Asimismo, José Ignacio Corona Rodríguez, en Coahuila; Jorge A. Gálvez Rocha y Manuel De Jesús Tripp Rivera, en Colima; Luis Alfredo Rangel Pescador, en Durango; Roberto Acero Rueda, Delegado Federal en el Estado de Guanajuato; Octavio Adolfo Klimek Alcaraz, en Guerrero; Herminio Baltasar Cisneros, en Hidalgo y Norberto Alvarez Romo, en Jalisco.
También Gustavo Reséndiz Serrano, en el Estado De México; Ricardo Sierra Oteiza, en Morelos; Mauricio Bustamante Celayeta, en Nayarit; Arturo Alcocer Lujambio y Alfonso Martínez Muñoz, en Nuevo León; David Ortega del Valle, en Oaxaca, y Alejandro Angulo Carrera, en Querétaro.
De igual forma, serán investigados José Domínguez Rodríguez, delegado en Sinaloa; José Luis Luna Urquidez, en Sonora; Jorge Cárdenas Gutiérrez, en Tamaulipas, y José Ramiro Rubio Ortiz, en el estado de Yucatán.
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