Protesta por desaparacidos
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Es uno de los juicios más esperados
| Es juzgado por abusos cometidos durante el régimen militar
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03/11/2009 | BBC Mundo.-Buenos Aires.- El último presidente de facto de Argentina, el general retirado Reynaldo Bignone, comenzó a ser juzgado este lunes por el secuestro y la tortura de 56 personas en dos centros clandestinos de detención.
Los centros funcionaban en el cuartel militar Campo de Mayo, en el oeste de Buenos Aires, el mayor lugar de detención ilegal de personas durante el último gobierno militar (1976-1983)
La causa contra Bignone, de 81 años, y otros cinco ex jefes militares, forma parte de la investigación de los crímenes cometidos hace tres décadas en esa unidad militar.
Además del ex mandatario de facto, también están siendo juzgados los generales en retiro Fernando Verplaetsen, de 84 años, y Santiago Omar Riveros, de 83 años.
El ministro de Justicia de Argentina, Julio Alak, presenció la primera jornada del proceso y destacó la importancia del litigio.
"Se trata de uno de los juicios más esperados por la comunidad y por los organismos de derechos humanos, por la magnitud de los crímenes allí cometidos", señaló el funcionario.
Cientos de familiares de las víctimas también asistieron a la primera audiencia y mostraron pancartas con las imágenes de sus seres queridos desparecidos cuando los imputados ingresaron a la sala.
Ex presidente
Bignone asumió la presidencia del gobierno militar de Argentina en julio de 1982, tras la derrota del país a manos de las tropas británicas en la guerra de las Malvinas o Falklands.
En diciembre del año siguiente entregó el poder a Raúl Alfonsín (1983-1989), el primer mandatario elegido de forma democrática, tras el período militar.
Además de esta causa, Bignone enfrenta otros procesos por el presunto robo de hijos de desaparecidos y por el secuestro y la tortura de personal médico de un hospital de Buenos Aires.
Esos juicios son algunos de los 204 procesos que lleva adelante la justicia argentina contra ex represores por violaciones de los derechos humanos durante el último régimen militar.
Según los datos recopilados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que participa en algunas de las querellas contra ex militares, son 526 los represores que enfrentan juicios en la actualidad.
Justicia acelerada
Hace pocos días un tribunal condenó al general en retiro Jorge Olivera Róvere a cadena perpetua por la privación ilegítima de la libertad de 116 personas y el homicidio de cuatro ciudadanos uruguayos.
En tanto, el 20 de octubre comenzó el juicio contra el ex general Luciano Benjamín Menéndez, uno de los hombres más emblemáticos del período militar.
El abogado del CELS, Gerardo Fernández, dijo a BBC Mundo que el alto número de procesos que se llevan adelante son una consecuencia de la reapertura de los casos contra ex militares tras la decisión en 2004 de anular la amnistía que benefició a la mayoría de los imputados.
Fernández explicó que al principio los juicios se estaban desarrollando de manera muy lenta, debido a que todos estaban concentrados en un solo juzgado: el Tribunal Federal Nº 5.
La resolución de la Cámara Nacional de Casación que en marzo de 2009 decidió dividir las causas en diferentes juzgados permitió acelerar la dinámica de los procesos.
Para Fernández, esa decisión es clave para permitir que muchos de los familiares de las víctimas puedan encontrar justicia, ya que la mayoría de los imputados tiene más de 70 años, y por lo tanto, podría no llegar a enfrentar un juicio si éste se prolonga demasiado. |