Plantean investigadores modificaciones constitucionales
19 de noviembre de 2009 • 07:45

México.- A petición del senador Manlio Fabio Beltrones, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM planteó al Senado una serie de modificaciones legales entre las que se incluye someter al Presidente a un juicio político y la reelección legislativa por tres ocasiones para diputados federales.

El estudio fue solicitado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, que preside Beltrones y que hoy publica El Universal.

En su elaboración, participaron 16 investigadores, entre ellos, Diego Valadés, John Ackerman, Miguel Carbonell, Jorge Carpizo, Sergio García Ramírez, Francisco José Paoli Bolio y Héctor Fix-Zamudio.

Dentro de las recomendaciones se incluye además la reelección de los senadores por una sola ocasión y que se apruebe por mayoría simple las designaciones del Ejecutivo de secretarios de Estado y funcionarios de instituciones federales.

Además de permitir que el Senado participe en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación, para lo cual se tendrá que elevar a estatus de ley la naturaleza jurídica del presupuesto, y permitirle revisar y aprobar la cuenta pública.

Los estudiosos recomiendan ampliar a 11 meses el trabajo legislativo en dos periodos ordinarios, en lugar de los seis meses y medio.

El estudio, por el que se erogaron 920 mil pesos, rechaza la segunda vuelta en elecciones presidenciales; propone mantener el número actual de 500 diputados federales y 128 senadores, y analizar una reducción hasta 2015.

Sugiere que la PGR se escinda en dos órganos: una parte en "Fiscalía General del Estado" como órgano Constitucional autónomo encargado del ejercicio de la acción penal, y en un Ministerio Público, dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, únicamente como órgano de representación social en procesos judiciales.

En cuanto a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), se expone que sea un órgano Constitucional Autónomo y colegiado, con cinco miembros o "auditores" mayores o superiores, y con capacidad para interponer controversias constitucionales y todas las acciones judiciales necesarias, con garantías a nivel de ministro, y sin el concepto de posterioridad. También será evaluado por el Senado.

Se plantea crear un "Consejo de Estado", una especie de mecanismo de seguridad que garantice la regularidad Constitucional, orgánicamente vinculado al Presidente, con competencia para suplir transitoriamente la omisión del legislador.

Lo integrarán ex presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, ex gobernadores, ministros en retiro de la Corte, ex rectores de la UNAM, ex directores del Banco de México, y ex presidentes de México a partir de 2018 como "miembros honorarios", con voz pero sin voto.

El estudio resuelve llenar el vacío jurídico ante la ausencia absoluta del Presidente de la República. El "encargado de despacho de la presidencia de la República", por la muerte de éste, serían los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía, en ese orden.

Incorpora el "derecho de voz" del Ejecutivo y los miembros del gabinete en ambas cámaras del Congreso, para promover asuntos de interés del gobierno, además de crear una "secretaría del Interior" que absorberá labores de la Segob, para coordinar su relación con el Poder Legislativo y le sea encomendada la Policía Ministerial, que actualmente depende orgánicamente de la PGR, pero transformada en "Policía Nacional de Investigación".

Los legisladores podrán proponer que se dirija una recomendación de rectificación al Ejecutivo, ante resultados negativos, equivocados, negligencia o falta de probidad, en algún programa de gobierno, para que remueva al titular de la secretaría o paraestatal.

El estudio recomienda que un partido político mantenga el registro con 2% de la votación, pero se le exigirá registrarlo en al menos dos terceras partes de las entidades federativas, para que tengan presencia en la mayor parte del país.

Sugiere regular el cabildeo y evitar conflicto de intereses (ley antidiego) por la que los legisladores y funcionarios, deberán emitir una declaración pública de sus intereses por actividades privadas, así como de sus bienes, entre la actividad legislativa y otras profesiones.

Con información de El Semanario Agencia