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 Países que aplican la pena de muerte
09 de abril de 2007 11:05

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La pena de muerte en Cuba existe desde la epoca de la Colonia y nunca ha sido eliminada de ninguna de las Constituciones que ha tenido la isla caribeña después de su independencia de España, en el año de 1902.

Sin embargo, la Carta Magna de 1940 establece que la pena capital sólo podrá aplicarse a militares o a civiles en tiempos de guerra, informó Marcelo López, vocero de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).

Dijo que en la actualidad, la pena máxima se aplica con carácter especial en casos de delitos con un alto grado de peligrosidad o daño social como asesinatos, violaciones, corrupcion de menores, narcotráfico internacional y terrorismo.

Esta sanción ejecutada por fusilamiento no puede aplicarse a los menores de 20 años de edad, ni a las mujeres que cometieran el delito embarazadas o que lo estén en el momento de dictarse la sentencia, destacó el portavoz de esa organización tolerada.

Para el Tribunal Supremo de Cuba, los reos condenados a la pena de muerte son considerados en La Habana individuos en los que no cabe esperar ninguna rehabilitación o reinserción social.

"Si se calcula la cantidad de fusilamientos en relación a la población se puede observar que Cuba alcanzó 1,9 ejecuciones por millón de habitantes; China 0,9 y Estados Unidos sumo 0,4", resaltó el vocero de la citada comisión de derechos humanos.

Un informe de esta agrupación indica que alrededor de 50 personas están en el llamado "corredor de la muerte" de Cuba, con sentencia firme de pena capital, entre ellos los salvadoreños Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez.

Al respecto, el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Remigio Ferro, manifestó que actualmente no existen condiciones para eliminar la pena de muerte por la condición de esta nación caribeña como "plaza sitiada, sometida al permanente acoso y hostilidad" de Estados Unidos.

Existe un grupo de al menos ocho reos que, casi agotados todos los recursos de ley para salvar la vida, se enfilan al llamado "módulo de la muerte", un recinto construido para el efecto en julio de 1997 a un costo de unos 80 mil dólares.

Luego de 13 años en que no se dio ningún caso de fusilamiento en Guatemala, los campesinos Pedro Castillo y Roberto Girón fueron llevados al paredón la madrugada del 13 de septiembre de 1996 en el interior de la Granja Penal Canadá del departamento de Escuintla.

Los dos reos, analfabetas y ebrios consuetudinarios, fueron condenados a morir fusilados al ser hallados culpables del secuestro, violación y asesinato de la niña Sonia Marisol Alvarez García, de cuatro años de edad, en un hecho ocurrido en abril de 1993.

La televisión, amparada en la libertad de expresión, transmitió en imágenes dramáticas y de gran dureza el momento justo en que Castillo y Girón eran pasados por las armas y, agonizantes, recibían cada uno el "tiro de gracia" en la nuca.

La crudeza de las escenas transmitidas y narradas en directo por la televisión y la radio llevaron al gobierno y a los legisladores a realizar una modificación en el método de ejecución y cambiaron a principios de 1997 el fusilamiento por la inyección letal.

El 10 de febrero de 1998, con la aplicación de una dosis letal al múltiple asesino Manuel Martínez Coronado, labriego e iletrado, se estrenó el "módulo de la muerte", instalado en un sector aislado de la Granja Penal Pavón, aledaña a la capital.

El juez Dubón Gálvez, afirmó que, por cuestiones morales, éticas y religiosas, no comparte la pena de muerte, pero justificó la obligatoriedad legal y profesional de que se cumpla.

Aseveró que Guatemala viene de una prolongada guerra interna de 36 años, que generó una situación de violencia y descomposición social que no se ha superado y que, en consecuencia, por ahora "no están dadas las condiciones para abolir la pena de muerte".

Dubón Gálvez, uno de los dos jueces de ejecución penal en este país, dijo que la pena de muerte no ha demostrado su efectividad como factor disuasivo del crimen en los países que, como Estados Unidos, se aplica con profusión desde hace décadas.

Afirmó que en Guatemala ahora "hay suficientes motivos" para aplicar la pena de muerte por la "alta incidencia" del crimen común y organizado y auguró que continuará vigente por muchos años. "No se puede pensar en su abolición en el mediano plazo".

Dirigentes de la cúpula empresarial y de grupos afines que apoyan la pena de muerte por considerarla "necesaria" para abatir a la galopante delincuencia, rechazan los tratados internacionales y las consideraciones humanitarias "de moda en el extranjero".


Una treintena de reos enfrentan la condena de pena de muerte, aunque está pendiente una larga lista de recursos que pueden retrasar años e incluso echar atrás la sentencia capital.

Ante la violencia imperante, algunos admiten que pasarán años antes de que Guatemala asuma el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, aprobado por las Naciones Unidas en 1989.

En la China imperial ejecutaban a los presos despellejándolos, decapitándolos o partiéndolos por la mitad.

Según Amnistía Internacional (AI), más de 3.000 personas son ejecutadas al año en China bajo la campaña "Yanda" (Golpear con fuerza) mediante la cual se castigan unos 67 delitos, entre los que destacan asesinato, violación, robo, posesión de armas, tráfico de drogas, prostitución y pornografía, con la pena de muerte.

En China, las ejecuciones normalmente se llevan a cabo de un tiro en la nuca inmediatamente después de dictarse la sentencia, aunque en algunos casos se aplica inyección letal.

China lanzó en 1997 la campaña Yanda (Golpear con fuerza) por la que se castigan un total de 67 delitos con la pena de muerte.

Esta campaña se convierte en una operación de limpieza cada vez que se aproxima un Año Nuevo Lunar, en línea con la tradición oriental, que hace hincapié en saldar todas las cuentas para iniciar el siguiente ciclo en blanco. Por lo general aumenta el número de ejecuciones.

Bajo la ley china, la corte puede ordenar una ejecución no sólo por crímenes violentos, sino también por cualquier ofensa en la cual los individuos pongan en riesgo la seguridad pública.

Los pelotones de fusilamiento normalmente actúan en instalaciones militares o en la vera de los ríos (hacerlo en las cárceles, donde el resto de los presos puede escuchar los disparos, se considera «inhumano»).