Reynosa, Tamps.- El consulado de México en Mc Allen, Texas, lamenta la aprobación de la ley SB1070 que fue aceptada y firmada recientemente por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, tras considerar que es discriminatoria.
Sin embargo, asegura que apoyará a la comunidad mexicana sin importar su condición migratoria.
La cónsul adscrita de la representación consular, Magdalena Díaz Téllez, dijo que con relación a la ley 'Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros' (SB1070) el gobierno de México realizó diversas acciones para transmitir al gobierno de Arizona su preocupación sin obtener una respuesta positiva.
La representante consular señala, a través de un comunicado oficial, que el gobierno de México lamenta que el Ejecutivo de Arizona no haya tomado en cuenta la aportación de los migrantes a la economía, la sociedad y la cultura en ese estado.
Agrega que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoce el derecho soberano de todos los países para decidir las políticas públicas que deban aplicarse en su territorio, pero considera que una medida como la SB1070 afecta los derechos humanos de miles de mexicanos.
'La criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada, la existencia de mercados laborales transfronterizos exige soluciones integrales y de largo plazo' señala.
Menciona que la violencia que se ha experimentado en la frontera común y que tiene sus orígenes en ambos países, es motivo de preocupación por lo que es imperativo reconocer que se enfrenta un reto compartido y de naturaleza transnacional.
Dice que al igual que las autoridades mexicanas mantienen el compromiso de combatir al crimen organizado, las autoridades en Estados Unidos deben continuar fortaleciendo sus acciones para disminuir la demanda de drogas y controlar el tráfico ilegal de armas, precursores químicos y dinero en efectivo.
'El tránsito ilegal de mercancías está lejos de relacionarse con el fenómeno migratorio, no hay que olvidar la enorme contribución de los migrantes a la economía y a la sociedad en el estado de Arizona', apunta.
Insiste en que dicha ley afecta la relación entre Arizona y México y obliga al gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado.
Refiere que el Gobierno de México utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de los mexicanos en dicho estado, por lo que la Embajada de México y los cinco consulados de México en ese estado estarán redoblando sus acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica.
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