Bernardo García Díaz
Atento a los cambios económicos de la región sotaventina, el diputado y agricultor Donaciano Lara pudo presenciar, y ser protagonista destacado, del inicio del desplazamiento del cultivo del algodón —que se trasladó a la norteña región de La Laguna— por el de la caña de azúcar, del cual era un entusiasta partidario. Según una emocionada carta que escribió en 1883, consideraba el suelo de la zona como 'el más privilegiado del orbe' para la siembra de matas de caña de azúcar. Incluso soñó con la importación de inmigrantes de las islas Canarias, adecuados al clima de la cuenca, para resolver el problema de la falta de brazos. Por lo que se refiere a su parentesco con el gobernador, éste nacía del casamiento que realizó con su hermana, doña Basilia Enríquez. Seguramente fue este lazo familiar el que impulsó a aquél a viajar apresuradamente hasta su tierra natal, a pesar de las implicaciones políticas que el suceso podía tener.
Sin embargo, al arribar a Tlacotalpan los graves y cansados viajeros, provenientes de la capital del estado, no encontraron ni familias dolientes, con mujeres cerradas de luto hasta el puño por la desgracia de Donaciano Lara y con los cabellos sueltos de dolor, ni un grupo de prominentes comerciantes y políticos locales que les aguardara para expresarles el pésame correspondiente, ni tampoco una ciudad conmocionada por la muerte violenta de uno de los propietarios más conocidos de la población. Ajenos a duelos o tristezas, la mayor parte de los lugareños se hallaban más atentos en preparar las reuniones y fandangos —alistando sus panderos e instrumentos de cuerda los hombres, arreglando sus deshilados y bordados las mujeres—, que estaban por celebrar con motivo de las fiestas de fin de año, que a la imprevista visita del gobernador, la mayor gloria viva de la ciudad en el siglo XIX. Pero, sobre todo, lo que fue más extraño para los recién llegados de las nieblas del invierno xalapeño era que no encontraron a ningún difunto, o al menos a aquel ilustre por el cual habían bajado a la costa.
En realidad se trataba de una broma, de ésas que tradicionalmente se hacen cada año, con ocasión del Día de los Inocentes. La pequeña novedad consistía en que, esta vez, la víctima era nada menos que el primer magistrado del estado, a quien se hizo creer la muerte del esposo de su hermana. Ciertamente, ante el choque emocional provocado por la infausta noticia, el destinatario no había reparado en la fecha del telegrama: 28 de diciembre, ni tampoco había calculado que el humor de sus coterráneos pudiera alcanzar tales proporciones.
No se tardó en descubrir que los autores de tan desproporcionado engaño, que habían enviado el comunicado con la firma de Francisco Carlín, eran los tres empleados de marras del municipio, quienes habían desconocido 'de tan punible manera el respeto, la consideración que merecía la primera autoridad del Estado', según se anotó en uno de los documentos oficiales de este caso. Fueron apresados y remitidos a Veracruz, donde serían juzgados, por ser el puerto la cabecera del cantón. Mientras tanto, en Tlacotalpan, al saberse la noticia, debió de haber estallado un escándalo, de carácter jocoso para muchos y grave para otros. Ningún nativo del lugar, al parecer, se había atrevido a tanto en una guasa del Día de los Inocentes, a pesar de su proverbial espíritu festivo y su inveterada costumbre de decir y hacer cosas ingeniosas. Los mayores bromistas de la ciudad probablemente se sentirían disminuidos ante la humorada garrafal de estos empleados.
Según el secretario de Gobierno del estado, a los culpables les correspondía —de acuerdo con la fracción 21 del artículo 82 de la constitución política local— una multa de trescientos pesos a cada uno, suma nada modesta, o un mes de cárcel, por provocar que el gobernador hiciera gastos de consideración en su viaje, por haberle hecho sufrir un terrible golpe moral y por haber atropellado y vilipendiado el principio de autoridad. El mandatario, sin embargo, no haría uso de las facultades que le concedía el citado artículo; decidiría, en cambio, que los acusados fueran consignados al propio alcalde de Tlacotalpan, Juan Cházaro Soler, para que él dispusiera el castigo correspondiente. Pero éste tampoco quiso resolver el caso de manera personal y descargó esta responsabilidad en una comisión formada por otros tres conocidos habitantes de la localidad: Nazario Tinoco, J. Malpica y Francisco J. Pous. Este pequeño grupo se reuniría, en los primeros días del nuevo año, en la sala de comisiones del Ayuntamiento, a fin de deliberar acerca de la suerte de los inculpados. Finalmente, el 10 de enero de 1890 propondría como proyecto de acuerdo único informar a la superioridad que el alcalde municipal extrañaría a los empleados inculpados por su poco prudente proceder, advirtiéndoles que la falta de respeto al primer magistrado la había visto el H. Ayuntamiento con bastante desagrado y que, en lo sucesivo, se abstuvieran de incurrir en faltas de esa naturaleza; con este extrañamiento terminaría formalmente el caso.
En el ánimo de la comisión que propuso esa sanción y no un castigo más drástico seguramente pesaría la noción de que, aun cuando se trataba de una acto que había afectado a la persona y la investidura del gobernador, en realidad en el origen sólo se había buscado hacer una broma y la percepción de que incluso el general Enríquez, uno de los más distinguidos gobernantes de la historia del estado, no podía permanecer ajeno a las tradiciones de su tierra natal. Al final de cuentas, el acto cometido fue también una forma de reconocerlo como auténtico tlacotalpeño, como gente de casa, familiar, más allá de sus glorias de militar o político.
Los documentos que sustentan esta pequeña historia se encuentran en la correspondencia de la Secretaría del H. Ayuntamiento e informes varios del año de 1890.
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