No se sabe cuáles fueron los resultados de esta disposición, pero se distingue con toda claridad su improcedencia, y los mineros, sin duda, habrán rechazado la fiscalización de su contabilidad, con el pretexto de conocer el origen de los metales.
Otra de las medidas de poco éxito fue cuando el virrey Calleja, para apoyar a los pobres y deshacerse de la moneda fraccionaria que hacían circular los comerciantes, se decidió por la fabricación de monedas de cobre que 'estaban destinadas a las 'tiendas de comestibles'; según las autoridades, con esto se beneficiaría la 'economía doméstica' y, en cierta medida, dejaría algo de utilidad a la Real Hacienda. Pero por un informe se sabe que el cálculo de ganancia era mayor a 60% y por primera vez se pondría en circulación dinero fiduciario. De este modo los 'dos quartos, un quarto y un ochavo' con la imagen de Fernando VII serían los sustitutos de una 'cuartilla, un tlaco y un pilón', que en general se elaboraban con jabón, cartón y vidrio.
En diversos escritos la Diputación de Minería de Guanajuato expuso la urgente necesidad de que se estableciera una casa de moneda. En 1817 reiteró su apoyo a la monarquía y expuso que, por haber sido la ciudad el 'teatro de la sangre' durante la guerra insurgente, era imprescindible que se fomentara la fuente de riqueza. Proponía que se redujeran los impuestos existentes y aquellos que fueron creados por la 'tropa', implantar un 'cinturón' de seguridad para someter a los 'revoltosos' y que se aplicara en estricto la exención de la alcabala para los insumos mineros. Insistía en que causaba un gran 'detrimento' la venta de los metales por debajo de su valor, pues llegaban a 'perder una tercera parte', y con la fabricación de moneda local se escaparían de 'los monopolistas que tanto perjuicio hacen'. Por ejemplo, los mineros pobres no podían elaborar una barra de cien marcos o más (23 kilos aproximadamente), por lo que hacían 'barretones' con pesos menores a los diez marcos; para ellos era imposible enviar sus platas a la ciudad de México y esperar meses a que se las regresaran en forma de dinero. Y, para dar confianza al público, la Diputación aseguraba que no se cometerían fraudes con la ley de las monedas.
En 1817, cuando la guerra entró en una etapa menos cruenta, el segundo conde de la Valenciana envió al rey un diagnóstico de la situación que se vivía en Guanajuato, 'el primer Real del mundo, y la piedra más preciosa de la corona de S. M'. Respecto a la minería, expuso que se encontraba 'destruida' por diversas causas que emanaban del 'sistema de gobierno anterior', recalcó el aumento de los impuestos, los altos precios de los insumos, la especulación que se hacía con el azogue, el extravío o contrabando de metales. Delineaba un panorama de desolación extrema, al escribir que 'Los pobres operarios por no tener en que trabajar andan vagando con sus desgraciadas familias, aumentan el desorden, y son un retrato fiel, de la miseria, angustia y abatimiento'.
A deshora
El 24 de mayo de 1821 la comisión especial de minería de las Cortes reunidas en Madrid presentó su dictamen, en el que se recogen en buena medida las voces que no se habían tenido en cuenta a lo largo de más de una década. Entre sus miembros se distinguía la figura de Lucas Alamán, quien era casi un vocero de los poderos mineros guanajuatenses. Los acuerdos a los que se llegó en esta discusión revisten una enorme importancia, ya que fueron la base de la política minera de los gobiernos independientes de nuestro país. Siguiendo la vieja fórmula de los Borbones, se acordó reducir los impuestos y hacer más expeditos sus cobros. En lugar de poner casas de moneda a lo largo y ancho del virreinato, convinieron en otorgar libertad de circulación de metales preciosos, con el único requisito de pagar 3% de impuestos. Respecto a la amonedación y apartado de metales, intentaron acabar con los abusos y restringir su costo hasta donde les permitían las nuevas técnicas. Los insumos que se consumían en las minas quedaron nuevamente exentos de la gabela de la alcabala. Y en cuanto al azogue, la comisión mostró aún más su debilidad e ignorancia sobre la mecánica de este ramo de las últimas tres décadas, resolviendo que se debía recomendar
(...) al gobierno que remita la mayor cantidad posible de azogue, consignadas a las diputaciones de minería, para que éstas las distribuyan a los mineros, y que en lo sucesivo las remisiones, sean suficientes para proveer a las necesidades de las minas, formando en Méjico un repuesto bastante para que nunca llegue a faltar aquel ingrediente necesario para el beneficio.
Hasta entonces se tenía la idea de que la 'Joya de la Corona' había sido aniquilada por las fuerzas insurgentes, y aunque no pretendemos minimizar el daño que causó la guerra, los testimonios de la época lanzan luz para una nueva interpretación que evidencia que la política seguida por las autoridades virreinales profundizó la crisis económica y desoyó una amplia gama de proyectos viables para solucionar los problemas fundamentales. En esta historia se distinguen los intendentes Riaño y Pérez Marañón, que con sus fatales decisiones hundieron en el fondo de las minas la prosperidad de Guanajuato. Ante la falta de perspectiva a largo plazo, los empresarios mineros decidieron unir sus fuerzas al gran pacto para formar una nueva nación. De este modo, el marqués de Rayas y el conde de Regla, dos de los mineros más notables, firmaron el Acta de Independencia.
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