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Ciudad de México (México). La ola de reformas constitucionales que otorgan personalidad jurídica del ser humano desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural, representan un atentado a los derechos de las mujeres, obstaculizan el avance científico, lesionan el carácter laico del Estado mexicano y profundizan el déficit democrático por razón de género.
A la fecha, 18 entidades del país han promovido las enmiendas, vulnerando el principio de no regresividad de los derechos humanos y contraviniendo la argumentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado.
Con las reformas, sucede lo contrario, expusieron las organizaciones firmantes del Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, que el pasado 4 de febrero se pronunciaron a las afueras de la Cámara de Diputados, para exigir cese el trato cruel y degradante de que son objeto las mujeres que han decidido interrumpir un embarazo.
Josefina Chávez, perteneciente a la agrupación Feministas Socialistas, en su arenga demandó que 'no se ponga mayor valor a un conglomerado de células que a la vida y el bienestar de las mujeres vivas'.
Asimismo, señaló que ahora hay mujeres en la cárcel por haber ejercido su derecho a decidir sobre su cuerpo, y pidió la protección de los derechos que se han conquistado en México.
'Reclamamos la separación de iglesia y Estado, tal y como lo lograron generaciones que nos antecedieron, y que no se permita que se imponga una sola visión, la visión de la alta jerarquía eclesiástica como ley al conjunto de la población', apuntó.
Los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, secudndados por otros con representación legislativa, 'han emprendido un embate a nivel nacional para elevar el mal llamado derecho a la vida a nivel constitucional en 18 estados de la República', señaló Josefian Chávez en nombre de una treintena de organizaciones sociales.
La alianza partidista echa por tierra el derecho de las mujeres a decidir sobre el número y escpaciamiento de sus hijos, consagrado en el artículo 4º constitucional, y amenaza con colocar por encima de éste en la Carta Magna el de un puñado de células, agregó.
'Nos parece necesario recordar a las y los funcionarios públicos y legisladores que los avances científicos demuestran que la vida de los seres humanos no inicia a partir de la fecundación de un óvulo. Creer en esa premisa es un retroceso flagrante para la ciencia médica y es una irresponsabilidad de parte de los que legislan sin argumentos objetivos y con baratos fines electoreros'.
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El recuento
En una misiva dirigida a los legisladores, las demandantes, expresaron que las reformas constitucionales aprobadas ya entraron en vigor en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.
En Puebla, el propio gobernador ha reconocido que son aproximadamente 30 las mujeres encarceladas por haber abortado.
En Veracruz, ocho encarceladas por aborto han sido acusadas de homicidio calificado; cinco de ellas ya han sido sentenciadas a purgar de 12 a 15 años de cárcel por su supuesto crimen. El gobierno veracruzano, que trata de presentarse como progresista, dice que con su nueva legislación, la sentencia se va a cambiar a 'asistencia médica y educativa'.
La exigencia
Los cambios legislativos, no son solamente una lucha ideológica, sino que tienen consecuencias en la vida de las mujeres al presentar cargos, perseguir y encarcelar a decenas de mujeres acusadas de diversas variaciones de supuestos delitos equivalentes al asesinato, se dijo en la concentración.
Igualmente, exacerban la clandestinidad de la práctica del aborto en nuestro país y expone a adolescentes y mujeres a todo tipo de condiciones insalubres y peligrosas, poniendo en peligro su vida y bienestar.
La concentración, convocada por las organizaciones que en diciembre de 2009 firmaron el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, reunió a mujeres de grupos y colectivos del Distrito Federal y varias entidades del país, las que exigieron la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
Al tiempo de exigir la libertad de las mujeres encarceladas por ejercer su derecho a abortar, pidieron también la defensa del Estado laico contra toda injerencia de cualquier iglesia y frenar la imposición de valores religiosos al conjunto de las y los ciudadanos.
Entre las organizaciones asistentes a la concentración se encontraban integrantes de Feministas Socialistas, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Consorcio Para el Diálogo Parlamentario, Colectiva con Letra F, Colectivo Feminista Socialista Rosa Chillante, quienes se pronunciaron por la defensa de los derechos a la salud de las mujeres y la despenalización del aborto en todo el país.
Integrantes de agrupaciones como Pacto por el Derecho a Decidir, Católicas por el Derecho a Decidir, Género, Mujer, Trabajo y Familia; Instituto Simone de Beauvoir, Red Dedeser, y 20 más, exigieron a las y los legisladores que no se siga criminalizando a las mujeres, se retiren los cargos, cesen los procesos y se libere a las mujeres presas por haber ejercido su derecho a decidir sobre su cuerpo.
Demandaron a las y los legisladores que no se acepte ni se discuta la iniciativa de reformar la Constitución Política Mexicana que propone proteger 'la vida desde el momento de la concepción', iniciativa que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados.
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