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México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) envió una tercera carta al presidente Vicente Fox para solicitar que se destraben las investigaciones del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y en la que denuncia la existencia de fuertes intereses encaminados a ocultar la verdad.
En la misiva con fecha 13 de mayo de 2003, también propone al jefe del Ejecutivo Federal nuevas líneas de investigación e indagar supuestas presiones a las que fue sometido el cardenal Posadas Ocampo en las oficinas de Los Pinos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en los días previos a su muerte.
Asegura que existen fuertes intereses contrarios a la procuración de justicia, cuyos móviles son totalmente desconocidos e incomprensibles para la iglesia católica.
"Pareciera que algunos desearían dejar pasar el tiempo con las investigaciones empantanadas para pretender que nos vayamos olvidando de nuestra pena e indignación, o para alcanzar la prescripción legalde los delitos", indica.
Advierte que, no obstante, los representantes de la iglesia no dejarán de exigir la aplicación de la justicia y se reservan el derecho de denunciar actitudes dolosas o irresponsables de quienes a pesar de estar obligados a procurar la investigación y la consignación de los autores materiales e intelectuales de esos delitos, no lo hagan.
También sugiere determinar la razón por la que altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) llegaron al aeropuerto de Guadalajara una hora antes de perpetrarse el homicidio, lo mismo que agentes federales, así como la causa por la que un vuelo militar sacó de Guadalajara al narcotraficante "El Chapo Guzmán", después del homicidio del prelado.
El Consejo de Presidencia de la CEM, en representación de los obispos mexicanos, pidió al presidente Vicente Fox que se investiguen las intervenciones telefónicas a varios representantes de la iglesia católica, sobre todo a Posadas Ocampo, y la vigilancia que se realizó en su casa y oficina los días previos a su muerte.
Insiste, al igual que lo hicieron en las dos cartas anteriores enviadas al Ejecutivo Federal, que se otorguen las facilidades a la subprocuradora de la PGR, María de la Luz Lima Malvido, y a los abogados de la coadyuvancia, José Antonio Ortega, y el diputado Fernando Guzmán, a quienes, asegura, cada día se les obstaculiza en mayor medida su labor en vez de facilitar su trabajo.
"Lo mismo con la subprocuradora, María de la Luz Malvido, formal y teóricamente a cargo del asunto, aun cuando los últimos meses prácticamente durante todo un año ni siquiera ha tenido acceso al expediente, habiéndose llegado al extremo de mantener una presión constante, sobre todo ello, hostilizándolos y amenazándolos continuamente".
En la extensa carta, los obispos mexicanos destacan que en la reciente asamblea del Episcopado Mexicano efectuada del 28 de abril al 2 de mayo pasados, los cerca de 180 obispos participantes cuestionaron a la presidencia del organismo religioso sobre el curso de las investigaciones y tuvieron como respuesta que después de 10 años no hay ninguna resolución satisfactoria.
Dijeron que los obispos recibieron como respuesta que más allá de ello, las autoridades a cargo del desahogo de las actuaciones no han tenido ni siquiera una actitud diligente, efectiva y transparente y, más aún, hasta el momento no existen avances reales y tangibles sobre el caso.
Los obispos rechazan en la misiva "las torpes y absurdas acusaciones de algunos, en el sentido de tener cualquier otro interés que no sea la satisfacción del derecho innegable que tenemos de conocer la verdad".
Reitera lo expresado en las anteriores documentos, en el sentido de que el pueblo mexicano necesita conocer la verdad de este caso y en general de todos los sucesos que le afectan, pues advierte que "no podemos permitir más la simulación y la mentira, porque estas impedirían cualquier esfuerzo serio de democratizar la vida del país".
"Sabemos de su coincidencia personal con esas exigencias y por ello de su propuesta legal, afortunadamente aprobada por el Legislativo, para instalar la Comisión Nacional de Transparencia.
Pues si este derecho se aplica para todas las acciones pública, con mayor razón debe buscarse con eficacia la revelación de la verdad en los procesos judiciales, porque sin ella es imposible su satisfacción".
También subraya, como en las otras dos misivas -la del 7 de julio de 2002 y la del 1 de abril pasado-, que es materia pendiente la aplicación de la justicia y que uno de sus compromisos más importantes de su gobierno fue precisamente en ese sentido.
No puede seguir haber tanta impunidad que afecta a millones de mexicanos en sus bienes, en su honra y en su integridad personal y en la misma pérdida de su vida.
También le plantean al presidente que si este caso no se ha resuelto a pesar de las intervenciones de la iglesia católica "¨Qué pueden esperar nuestros compatriotas, la mayoría de los cuales no tiene ni abogados ni la posiblidad de acceso a las más altas autoridades del país, para recibir justicia?.
"¨Cuando quienes representamos a un gran número de los mexicanos, en su calidad de feligreses católicos, haciéndonos eco del reclamo no solamente suyo, sino también de católicos y eclesiásticos de los Estados Unidos de Norteamérica, de Latinoamérica y también de Europa, pedimos justicia y no recibimos sino evasivas que no sabemos si adjudicar a falta de capacidad o de voluntad política?".
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