Villahermosa, Tab.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene registrados a la fecha alrededor de 75 procesos penales, informó la titular del organismo, María de los Angeles Fromow Rangel.
Indicó que derivado de esos procesos, unas 120 personas están inmiscuidas y más de 250 órdenes de aprehensión se encuentran pendientes de ejecutar por presuntas violaciones a la ley electoral federal.
Entrevistada luego de su conferencia "La importancia de las denuncias de los delitos electorales", refirió que actualmente han sido presentadas unas 350 denuncias por presuntos delitos electorales federales en todo el país sobre el presente proceso de elección.
Sin embargo, aclaró que la Fepade "hace una depuración de las que específicamente van dirigidas al proceso electoral federal, porque estamos recibiendo algunas relacionadas con procesos locales o con cuestiones como expedición ilícita de credenciales de elector".
La funcionaria reconoció que la incidencia de delitos electorales va en aumento ya que en abril sólo habían recibido ocho denuncias, pero en mayo fueron 32, y "en lo que va de junio, llevamos 43 relacionadas directamente con el proceso electoral federal".
En ese sentido, detalló que lo estados del país en donde más números de denuncias han sido registradas son: Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Aguascalientes, Nayarit y Oaxaca.
Abundó que entre 14 y 15 por ciento de las denuncias llegan a ser consignadas ante los tribunales, 30 por ciento se queda en la reserva, 30 por ciento se va al no ejercicio de la acción penal y el 10 por ciento se va a incompetencia.
En Tabasco, enfatizó, el índice es muy bajo ya que "sólo tenemos una denuncia que está relacionada con el proceso electoral, y en estos momentos trabajamos en ella; está relacionada con el artículo 407".
Asimismo, explicó que los "actos de manipulación del voto son aquellos en los que mediante la paga, promesa de dinero, o violencia física, moral, amenazas y miedo, se determina a un ciudadano a ejercer su derecho al sufragio a favor de un candidato o partido vulnerando su garantía de libertad al voto y por ende la democracia".
Fromow Rangel refirió que de acuerdo con estudios realizados, en las elecciones federales del 2000, la situación propicia para la manipulación del voto resultó ser el bajo grado de escolaridad e ingresos.
Especificó que mientras un 19.2 por ciento de los encuestados sin estudios declararon haber estado expuestos a estas prácticas, sólo un 9.6 por ciento de quienes tienen estudios superiores dijo haber estado expuesto a compra y coacción del voto.
Asimismo, mientras 26.6 por ciento de quienes tienen menos de mil pesos de ingresos mensuales declararon haber estado expuestos a compra y coacción, la cifra se reduce a 5.7 por ciento de quienes tienen ingresos de más de cuatro mil pesos mensuales.
"Con estos datos, podemos afirmar que la compra y coacción del voto se relaciona con la pobreza, falta de educación formal, es decir, con aspectos que atañen al conjunto de las funciones de gobierno y al cómo se han estructurado nuestras sociedades", abundó.
"Por ello, resulta de suma importancia no sólo perseguir los delitos electorales, sino antes informar que la manipulación del voto es un delito, y que las diversas conductas con que se manifiesta se encuentran tipificadas en varios numerales del Código Penal Federal, y pueden ser cometidas por cualquier persona", añadió.
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