Aplican en Ciudad Juárez estrategia de 'limpieza social'
20 de noviembre de 2011 • 10:42

Daniela Rea

Ciudad Juárez.- Las autoridades municipales emprendieron desde hace seis meses una estrategia que organizaciones sociales y de derechos humanos califican como "limpieza social", la cual ha provocado un promedio de 150 quejas al mes por abuso de autoridad.

Jóvenes, personas en situación de calle, albañiles e incluso trabajadores de maquila son las principales víctimas de detenciones arbitrarias.

La estrategia es impulsada por el Alcalde Héctor Murguía y operada por el Jefe de la Policía, Julián Leyzaola.

"A partir de su estrategia de seguridad, giraron una instrucción de que todo aquel que parezca malandro o se ponga nervioso cuando vea a la Policía debe ser detenido y, si no trae credencial de elector, debe ser remitido a la estación de Policía, donde investigarán sus antecedentes", dijo Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Juárez.

El caso más reciente fue la detención de 24 jóvenes integrantes de un programa de la Red por la Infancia, quienes acuden por las tardes a siete de las colonias más pobres del nororiente para dar acompañamiento a niños solos.

La tarde del 25 de octubre, las patrullas 414 y 476 los detuvieron en la avenida Camino Real por ir cantando a bordo de un camión.

Algunos de ellos fueron golpeados y encañonados pese a que se identificaron. Según la denuncia que presentaron, estuvieron detenidos durante cuatro horas y al jueves 27 el camión no les había sido devuelto.

Algunos con tatuajes, otros con aretes en las orejas o nariz, descartan que la detención haya sido una forma de hostigarlos por su trabajo en las colonias populares.

"Detienen a todos los que les parecen sospechosos. Con eso de la 'limpieza social' van contra todos. Además, les conviene por la multa. Cada detenido tiene que soltar unos 300 pesos para salir del bote. Para muchos de nuestros padres fue la mitad del sueldo semanal de la maquila", lamenta uno de los detenidos.

Uno de los casos más crudos es el relacionado la desaparición forzada de cuatro jóvenes que posteriormente aparecieron asesinados, el 13 de abril de este año. De los 12 policías acusados, sólo tres han sido detenidos.

En otro caso, documentado por la CEDH, una de las mujeres detenidas testificó que el grupo de 20 personas fue llevado a las instalaciones abandonadas de lo que era el Tribunal para Menores, donde los colocaron en el patio, los golpearon y posteriormente los dejaron libres.

Desde junio pasado, la Red por los Derechos de la Infancia y seis organizaciones civiles más enviaron un escrito al Gobernador, al Alcalde y al Jefe de la Policía en el que reprochaban el retiro de personas en situación de calle y con enfermedades mentales que deambulaban por el Centro Histórico y que los uniformados abandonaban a las afueras de la ciudad.

"Los retiros forzados son prácticas de limpieza social que violan distintos marcos jurídicos, específicamente la Constitución. Violentan los derechos al libre tránsito, al trabajo, a la salud física y mental, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad seguridad, a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes y a no ser detenido arbitrariamente", indicaron.

La tentación represiva

Dos patrullas de la Policía Municipal se acercan a un grupo de personas en situación de calle sentadas en una banqueta del Centro Histórico, en medio de casas abandonadas y edificios semiderruidos.

Los oficiales bajan de los automóviles con sus armas largas empuñadas. Revisan a las personas, las esposan y las llevan detenidas.

"Son drogadictos, nos los llevamos para que luego no anden viendo a ver qué se vuelan", justificó uno de los oficiales.

La escena, ocurrida el jueves 27 de octubre atrás de la Catedral de Ciudad Juárez, tradicional zona de "picaderos", se repetirá al menos dos veces más en la mañana. En un lapso de tres horas, 10 personas fueron detenidas.

Las detenciones responden a la estrategia de "limpieza social" impulsada por el Gobierno municipal de Héctor Murguía y operada por el Jefe de la Policía, Julián Leyzaola, y que ha derivado en 150 quejas promedio al mes por abusos de autoridad, según la CEDH.

La estrategia comenzó a tomar fuerza a partir de junio, cuando Leyzaola sufrió un atentado del que salió ileso. Aquella ocasión, el Alcalde declaró a los medios que se "limpiará el Centro Histórico de la ciudad de delincuentes y malandros".

"A partir de su estrategia de seguridad giraron una instrucción a los policías de que todo aquel que parezca malandro o se ponga nervioso cuando vea a la Policía debe ser detenido, y si no trae credencial de elector debe ser remitido a la estación de Policía, donde se investigarán sus antecedentes", explica De la Rosa.

Si el detenido no tiene antecedentes penales u órdenes de aprehensión pendientes, detalla el visitador, permanece encerrado durante 36 horas a menos que pague una multa que va de 250 a mil pesos. Si existen antecedentes u órdenes, se recurre a los interrogatorios y a la tortura para sacarle información.

De la Rosa advierte que la estrategia basada en la criminalización de los más pobres puede tener un efecto contrario al que supuestamente persigue y puede provocar un incremento de la inseguridad, profundizar la desconfianza hacia los ciudadanos en las autoridades y desgastar los recursos que deberían destinarse a prevenir y perseguir a delincuentes del fuero común.

Para Hugo Almada, académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se trata de una perspectiva represiva que fomenta el uso arbitrario de la fuerza y la impunidad.

"Este tipo de políticas son una tentación de violencia fácil, de represión contra los ciudadanos. Al darle más fuerza a la Policía, sin capacitación, sin control, se genera mayor impunidad y violencia hacia los ciudadanos", señala el también integrante de la Mesa de Seguridad de Todos Somos Juárez.

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