Mónica y Marcelo Chávez, inmigrantes indocumentados de origen mexicano en Alabama, temen perder a su hijo Rubén si son arrestados y deportados.
Foto: Reforma / Rafael Mathus.
Birmingham, Estados Unidos.- Los inmigrantes indocumentados que viven en este Estado enfrentan un verdadero drama: decidir si firman o no un poder que otorga la custodia de sus hijos nacidos en la Unión Americana a estadounidenses para que se hagan cargo de ellos en caso de ser deportados.
Y es que Alabama es el Estado de ese país donde rige la ley más dura contra indocumentados, por lo que la firma del poder supondría que los hijos no se queden desamparados en caso de que los padres sean expulsados de esa nación.
"Yo todavía no hago ese documento, y me preocupa porque un hijo es lo más preciado que uno tiene. ¿Cómo se lo vamos a dar a otra persona? Pero tendré que hacerlo porque, cuando salgo de mi casa, ya no sé si voy a llegar", dice el mexicano Filiberto García, quien tiene dos hijos, el menor de ellos nacido aquí.
Marcelo y Mónica Chávez nunca salen juntos de su casa. Hace algunas semanas, tuvieron una charla cada vez más común entre las familias de inmigrantes indocumentados en Alabama: discutieron si firmaban un poder para darle la custodia de su hijo, Rubén, de año y medio, a algún estadounidense en caso de que ambos fueran deportados.
"Si fuéramos sólo mi esposa y yo, nos iríamos", dice Marcelo, mientras Rubén revolotea a sus pies. Pero aquí, explica, su hijo recibe atención médica y puede estudiar.
Ninguno de los dos tiene familiares o alguien de confianza para entregarles a su hijo si pasa lo peor. Mónica cuenta que hay personas que están firmando poderes con sacerdotes, pastores o conocidos.
"Van con todo tipo de personas, de desesperados que están", afirma. Ellos no quieren hacerlo.
En Alabama, el miedo ha reencarnado en la piel de los inmigrantes. Ícono de la segregación racial que murió en los 60, Alabama se sumó a la ola de leyes antiinmigrantes con innovaciones draconianas, como invalidar contratos con inmigrantes indocumentados o considerar un crimen cuando hacen un trámite burocrático. Y la Justicia, a diferencia de otros estados, autorizó a la Policía a verificar el estatus migratorio cuando detiene a una persona.
Desde que en Alabama rige la Ley HB56, el día a día de los miles de hispanos que se quedaron en este estado sureño -muchos huyeron en un improvisado éxodo- han quedado envueltos en el miedo: a perder el trabajo, a ser echados de sus casas, a que les corten servicios básicos, y, en el peor de los casos, a ser detenidos, deportados, y a perder a sus hijos nacidos aquí.
Elda Calderas, una mexicana de 32 años madre de tres chicos, dos de ellos nacidos en Estados Unidos, conoce ese miedo. Ella firmó un poder. La "carta", como le dice, le daría la custodia a una mujer para la cual trabaja limpiando su oficina. Ella creía que sólo le permitía viajar con sus hijos.
"De la desesperación, yo firmé. Con cualquier cosita me los puede quitar, y ese es el miedo que tengo ahora", relata.
En la Coalición para el Interés Hispano de Alabama, una organización que apoya a la comunidad latina, indican que ha habido largas filas de personas que llegan hasta allí para averiguar sobre las características de esos poderes.
Existen dudas respecto de qué contratos son válidos o no, y mucha información circula de boca en boca. En las radios en español se escuchan mensajes con recomendaciones legales que recuerdan a la gente, por ejemplo, el derecho a permanecer en silencio cuando se es arrestado.
La vulnerabilidad es palpable. Los inmigrantes se esconden. Con todo, la Policía no parece tener intenciones de ejercer el poder de agentes de inmigración que le otorgó la ley.
"Sólo está el miedo", describe Mónica, "porque la verdad no hemos oído casos de que pase, de que se lleven a alguien, pero está entre lo que han dicho que va a pasar".
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos de los casi 190 mil hispanos que vivían en Alabama, apenas un 3.9 por ciento de la población del estado, se fueron. Pero no hay una sola persona aquí que no hable de ese éxodo.
Años atrás, Marcelo solía conseguir trabajo sin problemas en la construcción. Pero, desde que aprobaron la ley, trabaja algunas semanas sí y otras no.
Con todo, no pierde la esperanza de que Washington ponga punto final al suplicio de millones de indocumentados como él. Hasta que eso ocurra, seguirá recluido junto a su familia.
"Antes nos sentíamos libres de andar en este país", se lamenta.
Hogares divididos
La desesperación y el miedo que experimentan las familias de indocumentados en Alabama por proteger a sus hijos, nacidos en Estados Unidos, de las circunstancias políticas desfavorables, recuerda -hasta cierto punto- a lo vivido por familias de españoles republicanos durante la Guerra Civil.
En ambos casos, la persecución de las autoridades fue un factor de la separación de padres e hijos.
En 1937 fueron enviados a México algunos hijos de combatientes republicanos. Se les conoció como Niños de Morelia, ciudad donde se les alojó en un internado. Algunos desaparecieron del lugar, y muy pocos regresaron con sus familias.
Los republicanos también enviaron a sus hijos a Rusia. Algunos regresaron a España, otros se trasladaron a Cuba, aunque un importante colectivo allí ha permanecido.
Los indocumentados de Alabama no contemplan enviar a sus hijos a México, pues allá gozan de una mayor calidad en educación y salud. Por ahora, su única alternativa es encargarlos con estadounidenses de su confianza.
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