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AMLO en aprietos
¿Se busca justicia o quitarlo del camino
En Resumen:
Infosel Financiero (08-06-04) México.-Andrés Manuel López Obrador, Jefe del Gobierno capitalino, concluyó este martes que el juicio para desaforarlo no es un asunto legal sino político, que las pruebas con que lo acusan son vagas y han sido manejadas de manera facciosa, y que su administración nunca violó la orden de un juez, dio a conocer Reforma.
Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario local presentó las conclusiones del "Seminario taller sobre la manipulación de la ley con propósitos electorales. Caso El Encino", luego de cinco días de exposición, en los que trató de demostrar que es inocente de las acusaciones en su contra.
En el primer punto, el funcionario destacó que ese evidente que la ley y las instituciones están siendo utilizadas como instrumentos de acoso y descalificación política, con miras a las elecciones presidenciales del 2006.
Recordó que el "presunto dueño" del predio El Encino, Federico Escobedo Garduño es un influyente empresario que desde los tiempos de la Regencia de Carlos Hank González acaparaba alrededor de 35 hectáreas del patrimonio de la Ciudad, valuadas en más de 3 mil 500 millones de pesos.
Por este motivo, apuntó, el 20 de febrero del 2003 el Gobierno del Distrito Federal decretó la recuperación administrativa de los predios La Mexicana, La Rosita, Aureli-Viadas y G2.
El funcionario consideró que a lo largo de este taller demostró que el apoderado legal de Escobedo (Fernando Espejel) dio información falsa sobre la superficie del terreno al decir que medía 86 mil 968 metros cuadrados, cuando el número correcto 83 mil 763 metros cuadrados.
Ello significa que la extensión donde el Gobierno trató de construir las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graes Fernández no son propiedad de la empresa de Escobedo, Promotora Internacional Santa Fe.
También hizo referencia a que la vaguedad y el manejo faccioso de las pruebas, así como el carácter tendencioso de los interrogatorios que la Procuraduría General de la República hizo a sus colaboradores, evidencian que no quieren hacer justicia sino perjudicarlo.
Destacó que ningún servidor público lo inculpó en esos interrogatorios.
A su juicio, expuso, también es evidente que nunca fue violada la suspensión definitiva del juicio de amparo, pues los funcionarios responsables cumplieron con esta orden y un actuario manifestó el 28 de agosto del 2001 que el Gobierno no estaba bloqueando los accesos al predio.
"Tan no se violó la suspensión definitiva en los términos ordenados que el 13 de febrero de 2002 el mismo juez (noveno de Distrito en materia administrativa, Álvaro Tobilla León) actuando de manera poco usual, tuvo que modificar el alcance de la sentencia original y acordó que el Gobierno del Distrito Federal debía retirar del predio la maquinaria y el equipo de construcción.
"Este acuerdo también se cumplió en todos sus términos como consta en los oficios y escritos incluidos en la averiguación previa", sostuvo.
De todos los documentos emitidos, añadió, no hay ninguno que demuestre que él como Jefe de Gobierno desobedeció las órdenes judiciales.
Recordó que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF los encargados directos de informar al juez y cumplir con las actuaciones derivadas de la suspensión definitiva, son el Secretario de Gobierno y la Consejera Jurídica.
La PGR, afirmó, está pasando por alto que la responsabilidad penal de una persona es intransferible y por lo tanto tampoco es válido que el Jefe de Gobierno sea culpable porque, como dice la dependencia, "tenía el deber jurídico de evitar la violación a la suspensión".
Calificó por tanto, la acusación en su contra, no sólo como un absurdo sino como una ofensa al sentido común.
"En suma, se trata de una maniobra política: están torciendo la ley porque les estorbamos para el 2006", aseveró.
