AP (03-02-2005) WASHINGTON.- Alberto Gonzales fue ratificado el jueves como secretario de Justicia _el primero de origen hispano_ a pesar de que la oposición demócrata lo acusó de colaborar en la elaboración de políticas de la Casa Blanca que provocaron abusos de prisioneros.
El Senado aprobó por 60 votos contra 36 la designación de Gonzales, nieto de inmigrantes mexicanos. Todos los votos en contrario fueron de senadores demócratas, quienes sostuvieron además que Gonzales le debe demasiados favores al presidente George W. Bush como para poder ser el más alto funcionario responsable de hacer cumplir las leyes.
Gonzales reemplazará a John Ashcroft, que hace cuatro años fue confirmado por un margen aún menor, de 58-42.
Los republicanos y algunos demócratas elogiaron a Gonzales, un nieto de inmigrantes mexicanos que llegó a ser el principal asesor legal de Bush en la Casa Blanca.
El senador Mel Martinez, republicano por Florida y el primer senador de origen cubano, quebró una tradición del cuerpo al elogiar a Gonzales en español el miércoles. "Este es un suceso de magnitud increíble para los hispano-estadounidenses", dijo en inglés.
Algunos demócratas también elogiaron a Gonzales, pero dijeron que no podían pasar por alto su participación en políticas del gobierno que, dijeron, provocaron los abusos a prisioneros en Irak, Afganistán y Guantánamo. También deploraron que se negara a responder a sus preguntas acerca de la elaboración de esas políticas en la Casa Blanca.
"El señor Gonzales tuvo un papel central en la decisión tristemente célebre del gobierno de Bush de autorizar a nuestras fuerzas a cometer actos flagrantes de tortura en el interrogatorio de detenidos", dijo el senado Edward Kennedy.
Algunos demócratas sostuvieron que un memorando de enero del 2002 de Gonzales como asesor jurídico de la Casa Blanca condujo al maltrato de prisioneros en Irak y Afganistán.
Al ser interrogado sobre el particular durante las audiencias de confirmación, Gonzales defendió sus afirmaciones en las cuales calificaba de "curiosas" ciertas disposiciones de las Convenciones de Ginebra sobre los derechos humanos de los prisioneros de guerra y dijo que esas protecciones no se extendían a al-Qaeda u otros presuntos terroristas.
Pero también declaró que "la tortura y los abusos no serán tolerados por este gobierno" y que, desde la secretaría de Justicia, perseguiría a los responsables de "acciones tan abominables".
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