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México.- La visita que hace una semana hizo el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari a su hermano Raúl, preso en el penal de Almoloyita, no tuvo intenciones de cambiar la decisión que pueda tomar el Poder Judicial, ya que las determinaciones de éste no son negociables, aseguró ayer el abogado del hermano del ex mandatario, Raúl González Salas.
González Salas expresó que las muestras de rechazo a la visita del ex mandatario no deben traducirse en presiones al Magistrado, Tomás Angeles Franco quien tiene la tarea de revisar la sentencia de 50 años dictada contra el mayor de los Salinas.
"No veo de qué manera (la visita de Carlos Salinas a su hermano) pueda influir en ningún momento por ser el Poder Judicial una instancia autónoma e independiente; no es negociable nada con él, no tiene nada que ver.
"No veo por qué haya perjuicio, si son hermanos, definitivamente no debe suceder", aseveró el penalista cuando fue cuestionado sobre los efectos negativos que podría causarle a su cliente la visita del ex presidente.
Entrevistado antes de participar en el Primer Congreso Nacional de Derecho y Política, el abogado dijo que es muy difícil anticipar juicios en torno a que el Magistrado Angeles Franco desechará la apelación interpuesta por Raúl Salinas quien consideró que el Juez Ricardo Ojeda Bohórquez no tomó en cuenta sus pruebas y por ello lo condenó a 50 años de prisión por el homicidio de Ruiz Massieu.
Añadió que de ratificarse la sentencia contra su cliente, se interpondrá un amparo ante la Suprema Corte de Justicia, aunque confió en que el Magistrado otorgue la razón a la defensa, pues de acuerdo con sus argumentos el Juez Ojeda Bohórquez no presentó ninguna prueba concreta contra el hermano del ex Mandatario.
ALMOLOYA DE JUAREZ.- La familia de Raúl Salinas de Gortari calificó de especulaciones y rumores la versión de que la sentencia de 50 años de prisión que se le impuso por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu será confirmada.
Paulina Castañón y Juan José Salinas, esposa e hijo del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, recordaron que la sentencia aún se revisa y manifestaron que esperarán hasta conocer el pronunciamiento oficial del magistrado Tomás Hernández Franco para emitir una opinión.
Juan José Salinas, hijo de Raúl Salinas dijo que "hay que esperar a que el magistrado tome su decisión. Mientras tanto, son puras filtraciones. Nosotros confiamos en que va a ser una resolución apegada a derecho y que le devolverá la libertad a mi papá".
Paulina Castañon dijo que ella cree que nada más son rumores y expresó su respeto por el Poder Judicial, quienes anunciarán la resolución abiertamente y sin rumores.
La esposa de Raúl Salinas, sus hijos Mariana y Juan José y su hermana Adriana Salinas lo visitaron este jueves en el reclusorio estatal ubicado en este municipio, en el que espera el fallo sobre la revisión de su sentencia.
Minutos antes de ingresar al reclusorio, Juan José Salinas confirmó que su tío el expresidente Carlos Salinas visitó a su padre el pasado sábado por la mañana, muy temprano, aunque no precisó la hora.
Agregó que fue un encuentro muy emotivo y cariñoso, pero dijo no saber cómo se realizaron las gestiones para que Carlos Salinas pudiera entrevistarse con su hermano.
Paulina Castañón, por su parte, aseguró que no habló con su esposo de la visita del expresidente ni de las declaraciones que éste hizo a la prensa el mismo sábado y, al pedirle su opinión sobre ellas, sólo comentó: "respeto mucho al licenciado Carlos y nada más".
MEXICO.-El Juez quinto de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Norte, Pablo Jesús Hernández Moreno, negó a Raúl Salinas de Gortari el amparo que solicitó para que se cierre el proceso que enfrenta por su presunto enriquecimiento ilícito.
Salinas y su defensa promovieron el amparo ante las negativas del Juez 11 de distrito, Iram García García, de cerrar el proceso que se ha alargado por tres años y dos meses.
El principal argumento central del juicio de garantías fue que todo procesado tiene derecho a ser juzgado en el término de un año, por lo que la negativa del Juez García García estaría violando esta garantía constitucional del inculpado.
Al negar el amparo a Salinas, el Juez Hernández Moreno estableció que el sistema judicial no está basado sólo en el pronunciamiento de sentencias en el término de un año, ya que la fracción X del artículo 20 constitucional establece la posibilidad de que la prisión preventiva se alargue más allá de ese plazo.
De acuerdo con esa disposición, un procesado podría permanecer en prisión preventiva por un tiempo igual al de la pena máxima que establezca la Ley para el delito que se le atribuye, que en este caso sería de 14 años.
La defensa de Salinas calificó de grave la resolución del Juez, porque estaría sujetando a su cliente y a cualquier otro procesado a un proceso de duración indefinida, sin respetar su derecho también previsto por la Constitución de ser procesado en el término de un año.
Raúl F. Cárdenas Rioseco, abogado defensor de Salinas, anunció que interpondrá hoy martes un recurso de revisión contra la negativa del amparo, ya que existe jurisprudencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el plazo máximo en el que debe ser juzgado un procesado.
"Además... el Juez confunde la prisión preventiva con la duración máxima que debe tener un proceso. Se trata de dos garantías independientes y es muy grave que pretenda ahora argumentarse que una persona pueda permanecer tanto tiempo en prisión preventiva sin recibir sentencia".
Raúl Salinas de Gortari hizo públicas ayer sus consideraciones de que el Juez Ricardo Ojeda Bohórquez violó los tratados internacionales sobre derechos humanos, civiles y políticos -como el derecho a la protección judicial y el de presunción de inocencia-, al sentenciarlo a 50 años de prisión por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.
A unas semanas de que el Primer Tribunal Unitario resuelva si el fallo estuvo apegado a derecho, Salinas y su defensa detallan las violaciones -en que presuntamente incurrió el ahora Magistrado Ojeda al sentenciarlo el pasado 21 de enero-, en un documento titulado "Una injusticia de Estado. La violación a los derechos humanos en la sentencia de un Juez".
Refiere los agravios relacionados con los derechos humanos que causó la sentencia al inculpado, y los reúne en cuatro tipos de violaciones: Las del derecho a la protección judicial, al de presunción de inocencia, a un proceso regular y a las garantías judiciales.
Al analizar las presuntas violaciones, Salinas asegura que el Juez alteró y falseó hechos, no valoró adecuadamente las pruebas, asumió -en algunos actos- las funciones del órgano acusador, y partió, desde el principio, del supuesto de que el acusado era culpable.
"El Juez, a lo largo de su razonamiento, ni siquiera se planteó el tener duda alguna sobre la culpabilidad del reo, no obstante carecer de prueba directa. Esto demuestra que el fallo del juzgador fue predeterminado desde el principio", señala el documento.
Violaciones al derecho de presunción de inocencia
En este apartado, se acusa al juez de violar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que toda persona acusada de algún delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe legalmente su culpabilidad.
El documento destaca cómo el propio Juez establece en su sentencia que antes de recibir las conclusiones acusatorias, antes de recibir las conclusiones de la defensa y antes de valorar las pruebas en el juicio, él ya lo consideraba culpable.
"Esta actitud 'presurosa' de que se cierre la instrucción y de no solicitar careos, inclina el ánimo del juzgador, como en todos los casos en general, a pensar que el acusado es culpable" (sostiene el Juez en la página 3091 de la sentencia).
De esa declaración, de acuerdo con el texto, se desprende que el Juez consideró la estrategia establecida por la defensa en cuanto a careos y al tiempo en que se pidió el cierre de la instrucción como una supuesta evidencia de la culpabilidad de Salinas.
El argumento del Juez se considera en el escrito como una alteración y distorsión de hechos, al señalar que no hubo ninguna actitud "presurosa" para cerrar la instrucción, ya que el Artículo 20 constitucional señala un año como plazo para desarrollar un proceso, salvo que el acusado pida una ampliación del mismo para aportar más pruebas.
Aclara que el procesado ejerció esa garantía de defensa, pues fue detenido el 28 de febrero de 1995 y al final del mismo año solicitó un plazo mayor para presentar pruebas, mismo que se extendió por dos años y medio más.
Violaciones al derecho a la protección judicial
El texto invoca el artículo octavo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes nacionales, que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
Cita igualmente, sobre el derecho a un recurso efectivo, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que obliga a los Estados firmantes a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda la decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Enseguida, acusa al Juez Ojeda de violar estas disposiciones legales "al desconocer y desechar arbitrariamente las resoluciones contenidas en los Toca Penal 86/98 y 267/98, cuyas resoluciones atendían la apelación a la que recurrimos en contra de actos de la Procuraduría General de la República (PGR), acusadora que violó la ley en perjuicio de Raúl Salinas de Gortari en el proceso que se le siguió".
Explica que la violación consistió en la decisión del Juez de admitir y dar validez a pruebas de cargo en contra de Salinas, entre ellas la declaración de su ex jefe de escoltas, Antonio Chávez Ramírez, aunque un Tribunal Superior las había declarado ilegales cuando la defensa se inconformó con la decisión de Ojeda de integrarlas al expediente.
La resolución del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito estableció que la actuación procesal del Ministerio Público -al obtener las pruebas como autoridad cuando sólo era una de las partes en el proceso-, era técnicamente incorrecta, e invalidó las pruebas.
Violación al derecho a las garantías judiciales
Sobre este punto, el documento cuestiona la competencia de un Juez federal, como lo era Ojeda, para conocer y pronunciarse en torno a un delito del fuero común: El homicidio; su presunta subordinación a la PGR, el cambio del tipo penal (del delito) que se imputó a Salinas y la alteración de declaraciones para hacerlas coincidir con las del principal testigo de cargo.
Afirma que estas circunstancias violan también lo dispuesto en los tratados internacionales sobre el derecho que tiene toda persona de ser oída públicamente, con todas las garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial, condiciones que, asegura, no se cumplieron.
"El Juez firmó una orden de aprehensión elaborada (fabricada) por la PGR, quedó probado que palabra por palabra, como por coma, párrafo por párrafo (con las mismas faltas y errores, la orden de aprehensión es exactamente idéntica a la consignación presentada por la PGR", precisa.
Destaca el hecho de que Salinas fue consignado y se le dictó auto de formal prisión por la fracción 1 del artículo 13 del Código Penal Federal, el cual establece que son autores o partícipes de un delito los que acuerden o preparen su realización.
Sin embargo, aclara el texto, se le sentenció por la fracción V del citado ordenamiento, que señala como autores o partícipes del delito a los que determinen dolosamente a otro a cometerlo, lo que implicaría que el Juez reclasificó el delito y suplió con ello las deficiencias técnicas de la PGR.
Cuestiona, asimismo, el que el juez haya dado valor probatorio a las declaraciones del principal testigo de cargo, Fernando Rodríguez González, quien recibió a cambio de su testimonio un pago de 500 mil dólares de la PGR y que, además, le haya protegido al admitir su negativa a carearse con Salinas, violando el derecho a la defensa del procesado.
Violaciones al derecho a un proceso regular
En este rubro, el documento afirma que durante el proceso de Salinas no se le respetaron las garantías mínimas de todo procesado, como el contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, de comunicarse libre y privadamente con su defensor, de interrogar a los testigos que declaran en su contra y de ser juzgado sin dilaciones indebidas.
Sostiene que el Juez impidió a Salinas estar presente en casi el 98 por ciento de las diligencias del juicio, y consintió que durante las mismas no pudiera contar con pluma y papel en cantidad suficiente y con oportunidad.
Tampoco, agrega, le permitió interrogar al principal testigo de cargo, Rodríguez González, pues aunque inicialmente autorizó que éste fuera presentado en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, cambió su acuerdo a petición del propio testigo.
Las violaciones
Al analizar las presuntas infracciones en las que incurrió el ahora Magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez, Raúl Salinas y su defensa aseguran que:
Alteró y falseó hechos
No valoró adecuadamente las pruebas
Asumió -en algunos actos- las funciones del órgano acusador, Ministerio Público
Partió, desde el principio, del supuesto de que el acusado era culpable
MEXICO.- En un cuarto de visita conyugal, Raúl Salinas de Gortari, está solo.
Se dedica a leer y a estudiar su expediente.
Las paredes son blancas y la puerta azul rey. Tiene "dos metros de cama" y "uno de lavamanos y letrina". El nuevo hogar de Raúl Salinas no es más grande ni más confortable que Almoloya, pero él "está tranquilo".
La presión de alta seguridad, llegó a su final.
Su hermana Adriana Salinas ayer ingresó a verlo toda vestida de gris, a pesar de que es un color prohibido por el reglamento interno.
Su hija Mariana le llevó mangos, ciruelas y duraznos, sus frutas favoritas.
Y su hijo Juan José pasó con él casi 5 horas de visita en un día que no es de visitas.
El primer día fuera de Almoloya, Raúl Salinas confirmó que su vida será distinta.
El Centro de Readaptación Social de Almoloya de Juárez (Cereso) no tiene cámaras en las celdas, no tiene un foco encendido noche y día, y permite que los presos hagan su vida en campos deportivos, áreas verdes y talleres.
"Es en parte un descanso, porque ya no es alta seguridad, pero sigue siendo una cárcel, y él es inocente", dijo Adriana Salinas, la primera en llegar al encuentro con su hermano, después de las 10 de la mañana.
Raúl Salinas no salió de su cuarto en el área de visita conyugal. Se dedicó a estudiar su expediente.
Salinas está solo, con la puerta cerrada, dijo una empleada. Ahí estará en etapa de observación hasta que le asignen una celda, encuestión de 15 días o más.
"Él está muy contento de estar con sus hijos, su celda es como la de todos los presos", dijo su hijo Juan José Salinas, un joven de 21 años que tuvo que salirse de clase en la Universidad Iberoamericana (donde estudia derecho),para visitar a su padre.
Los presos estatales de Almoloya jugaron futbol este medio día en la cancha de pasto. Los más disciplinados trabajaron en el taller de carpintería y tuvieron actividades religiosas.
Adentro del penal, el tema también fue Raúl Salinas.
"Todos ya lo queremos ver, todos volteamos hacia donde él está para conocerlo y ver cómo es, pero todavía no lo presentan", dijo Paciano Villelva, un campesino mexiquense acusado de robar chivas y borregas, entrevistado en una declaración en un juzgado.
El preso Lorenzo Carlos Fernández, procesado por agredir en una casilla electoral, dijo que se dieron cuenta que venía Raúl Salinas por la televisión: "Lo vimos por tele, y lo estamos esperando". El presunto violador Félix Saucedo, en cambio, dijo que a él no le interesa conocerlo.
Raúl Salinas llegó a un nuevo núcleo social. Sus compañeros son mil 45 presos estatales acusados de asesinato, robo, fraude, violación, daños, y otros delitos del fuero común. Ellos no tienen fama federal como Mario Aburto o "El Chapo" Guzmán, pero sí son hombres de temeridad regional.
Ahí está, por ejemplo, Valentín Irineo Marín, un temible asaltante de 22 años que entraba a las residencias y golpeaba a sus víctimas sin consideración. Ahí está Gregorio Bernal Gómez, un peligroso asesino que ejecutó a un matrimonio "y no se tienta el corazón para jalar el gatillo". Ahí vive J. Trinidad Nava, un violador de Toluca sentenciado a 40 años de prisión que fue involucrado en el asesinato de 7 jovencitas. Y también ahí está Cristóbal Dávila Montoya, el asesino de Miled Divien, el gerente de Stereo Miled.
Así que no todo será color de rosa para Raúl Salinas.
La señora María del Rosario González, que ayer entró a platicar con su hermano Raúl González, un carterista de poca categoría, dijo que los reos "malosos" están muy contentos con la llegada de Salinas de Gortari y se quieren encajar.
"A mi hermano le pidieron 300 pesos para su protección, y dicen que a Raúl Salinas le van a pedir mucho más. Lo bueno es que ellos lo cuidan y no le pasaría nada", contó María del Rosario al salir del penal. "Y si quiere, los custodios también le venden protección y es mejor".
Con el relajamiento de las medidas de seguridad, la familia Salinas está satisfecha. Los guardaespaldas de Juan José y Mariana Salinas hasta se dieron tiempo para jugar dominó frente a la puerta principal. La seguridad de la prisión, de cualquier forma, está garantizada por las autoridades, dijo Adriana Salinas. El penal tiene 540 custodios en tres turnos y hace tiempo que no hay riñas internas.
La llegada de Raúl Salinas es tema de conversación y es novedad. Un camión suburbano de pasajeros de la ruta Toluca-Almoloya se paró ayer afuera del penal para subir pasaje, y de inmediato llamó la atención. Por una ventana, se asomó un joven de la región de Almoloya y lanzó un fuerte grito: "¡¡Raaaúl! ¡¡Raaaúl!! ¡¡Bienvenido!!".
La nueva casa
El penal estatal de Almoloya se encuentra en el kilómetro 4.5 de la carretera que une ese poblado con Toluca
Año de inicio de actividades 1967
Nombre del Director; Abimael Durán Segundo
Población actual de internos: mil 43
Capacidad máxima de ocupación: mil 400
MEXICO.- ALMOLOYA DE JUAREZ.- Raúl Salinas de Gortari ingresó ayer al centro penitenciario estatal de este municipio, distante sólo 10 kilómetros del penal de alta seguridad donde estuvo recluido 49 meses.
El secretario general de Gobierno, Arturo Ugalde Meneses, aseguró que Salinas no gozará de ningún privilegio en este penal y que será sujeto a los mismos derechos y obligaciones de todos los reclusos.
El hermano mayor del ex Presidente Carlos Salinas salió por la parte trasera del penal con un mínimo de seguridad alrededor de las 17 horas, en un operativo sorpresa, diseñado para evadir a los medios de comunicación.
El director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno mexiquense, César Fajardo de la Mora, aseguró que Raúl Salinas de Gortari no recibirá un trato especial ni tendrá privilegios en el reclusorio estatal de este municipio, al que ingresó ayer.
"Tenemos que mantener la autoridad moral de los centros preventivos de la entidad. Como no lo existe hasta este momento en ningún centro de la entidad, no existe ningún privilegio en particular para nadie y mucho menos en este caso", afirmó.
El funcionario precisó que Raúl Salinas fue ubicado en una celda individual del área de Observación y Clasificación, con dimensiones de 4 x 5 metros, donde al igual que el resto de los internos, dispone de un sanitario y una ducha, cuenta con un bloque de cemento como cama y puede tener un radio y una televisión pequeña.
Salinas fue trasladado a bordo de la camioneta Panel 002 de la Unidad de Supervisión Interna de la Secretaría de Gobernación, escoltada por dos jeeps y seguida por una camioneta Suburban en la que viajaban sus abogados.
El convoy rodeó las instalaciones del penal de alta seguridad por el camino de terracería a Rancho Arroyo hasta entroncar con la sede del Séptimo Regimiento de Infantería, de la 22 Zona Militar, dejando atrás a los medios de comunicación.
una brecha situada más adelante llegó a la cabecera municipal y enfiló hacia el reclusorio estatal, ubicado a unos cuatro kilómetros, al cual arribó a las 17:35 horas.
La camioneta Panel, con Salinas a bordo, entró a la aduana de vehículos custodiada por los jeeps, y el personal de la Secretaría de Gobernación que lo acompañaba realizó los trámites de ingreso ante las autoridades del centro preventivo.
Arturo Ugalde Meneses, informó que Salinas sería ubicado temporalmente en el Centro de Observación y Clasificación, en el que se le sometería a una valoración para determinar su estado físico y psicológico mediante estudios técnicos.
"Será sometido a estudios criminológicos para determinar su perfil de personalidad, criminológico y grado de peligrosidad", explicó.
Posteriormente, precisó, se le ubicará en el área de procesados del centro de readaptación, en la cual permanecerá hasta en tanto no se confirme la sentencia de 50 años de prisión que se le dictó por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.
Personal de la visitaduría del sistema penitenciario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos supervisó los estudios médicos practicados ayer a Salinas por los médicos del reclusorio, quienes establecieron que el nuevo huésped se encuentra en buen estado de salud.
Sept/28/94
José Francisco Ruiz Massieu es asesinado
Feb/28/95
Raúl es detenido por su presunta coautoría intelectual
Mar/7/95
Se dicta formal prisión a Raúl Salinas
Ene/21/99
Condenan a Raúl a 50 años de prisión
Nombre: Raúl Salinas de Gortari.
Delito: Autoría intelectual en el homicidio con premeditación, alevosía y ventaja de José Francisco Ruiz Massieu.
Condena: Pena máxima de 50 años.
Autoriza Segob
La Secretaría de Gobernación informó anoche que el cambio de penal de Raúl Salinas fue autorizado por esa dependencia, con la opinión favorable del magistrado del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito.
"Este traslado fue autorizado por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Segob, con base en el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y con la opinión favorable del Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en Toluca, a cuya disposición se mantendrá el interno, en virtud de la apelación que ante dicho tribunal se tramita", se explica en el comunicado.
México.- El interno Raúl Salinas de Gortari fue trasladado hoy del Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, al Centro Estatal de Readaptación Social localizado en el municipio del mismo nombre, en el Estado de México.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gobernación (SG), ese traslado fue autorizado por la dirección general de prevención y readaptación social de la dependencia federal.
Esto, con base en el reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, y con la opinión favorable del magistrado del primer tribunal unitario del segundo circuito, con sede en Toluca, a cuya disposición se mantendrá el interno, en virtud de la apelación
que ante dicho tribunal se tramita.
En 1988 la dirección general de Prevención y Readaptación Social de la SG, autorizó 56 traslados de centros federales a centros estatales, ya sea para el cumplimiento de sentencias o para mantener a los internos a disposición de diversos jueces de los fueros federal y común.
El comunicado dio a conocer que en el curso del presente año se han aprobado 16 reubicaciones similares, en los términos normativos correspondientes.
México.- Adriana Salinas y sus hijos visitarán hoy a Raúl Salinas de Gortari en el Centro de Readaptación Social de Almoloya, Estado de México, ya que fue trasladado ahí del penal de alta seguridad del mismo municipio, informó su abogado Raúl Cárdenas.
En entrevista con Notimex, el defensor expresó su satisfacción y agrado por el traslado de Raúl Salinas, pues dijo que su defendido nunca fue un reo de alta peligrosidad y por ello no debió permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social número 1.
Cárdenas Rioseco, defensor de salinas en lo que respecta a enriquecimiento ilícito, explicó que el cambio de penal beneficia a la defensa, porque ahora las audiencias se celebrarán en un recinto público ante los medios de comunicación, familiares y abogados.
"Por primera vez podré tener realmente contacto con Raúl Salinas, podré sentarme para explicar y realizar la defensa con expedientes y peritos contables, y ya no detrás de barrotes y cristales, como ocurre en el penal de alta seguridad" de Almoloya de Juárez, apuntó.
Indicó que la decisión para trasladar a su cliente siempre fue una facultad de la secretaría de gobernación, porque ésta es la instancia que debe determinar en qué lugar permanecen los procesados o sentenciados, de acuerdo con sus características.
Aclaró que el juez federal, en este caso el 11 de distrito en materia penal, Irám García García, no tiene la responsabilidad y facultad para determinar un cambio de penal, porque su función es exclusivamente determinar la existencia o no de un delito y su pena.
Raúl Salinas se encuentra bajo proceso de segunda instancia ante un tribunal unitario por la apelación que existe en contra de la condena de 50 años de prisión que le fue dictada por el juez tercero de distrito en Toluca, Ricardo Ojeda Bohórquez, detalló.
El abogado defensor apuntó que por este hecho es que fue internado en el Centro de Readaptación Social de Almoloya, ya que el órgano jurisdiccional tiene atribuciones en ese centro penitenciario.
También se debe a que está interpuesto el juicio de amparo en contra de la sentencia por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, mismo que aún no está resuelto y por lo tanto debe permanecer en el área mientras se resuelven los dos recursos, anotó.
Expuso que una vez resueltos la apelación y el amparo por el homicidio, entonces se analizaría la posibilidad de solicitar su cambio el Reclusorio Sur, donde está radicado el último de los cinco procesos que le imputó la PGR y que es el delito de enriquecimiento ilícito.
Cárdenas Rioseco anunció que mañana como abogado realizará la primera visita a Raúl Salinas de Gortari en el interior del Centro Estatal de Readaptación de Almoloya.
MEXICO.- La Secretaría de Gobernación realizó ya a Raúl Salinas los primeros exámenes solicitados por la Dirección General de Reclusorios del DF para determinar si procede su petición de ser trasladado al Reclusorio Sur.
Fuentes allegadas a la familia informaron que el pasado 19 de febrero, Raúl Salinas fue sometido durante todo el día a una serie de exámenes psicométricos, por lo que no se descarta que en breve se autorice su traslado.
El pasado 9 de febrero, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de Gobernación notificó en un oficio al director general de Reclusorios y Centros de Readaptación Social en el DF, Jaime Alvarez Ramos, que la dependencia autorizaba, a solicitud de Salinas, su ingreso al Reclusorio Sur.
El argumento fue que el proceso por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, estaba concluido en primera instancia; mientras el de enriquecimiento ilícito, que se le sigue en el Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia penal de esta ciudad, se encuentra aún en trámite.
MEXICO .- Daniel Aguilar Treviño, asesino material confeso del político José Francisco Ruiz Massieu,
envió una carta de 17 cuartillas a la empresa televisiva MVS, en la que involucra en ese homicidio a otras
personalidades públicas de México.
Entre esa personalidad mencionó a los ex gobernadores Jorge Carrillo Olea, de Morelos, y Otto Granados Roldán, de Aguascalientes, así como el empresario Carlos Peralta y a
José Córdoba Montoya, exsecretario de la Presidencia y es jefe de asesores de Carlos Salinas de Gortari.
Además, estarían involucrados Hugo Andrés Araujo, ex secretario general de la Confederación nacional Campesina (CNC), y el ex diputado federal Ignacio Ovalle Fernández.
Aguilar Treviño asegura en la misiva que Raúl Salinas de Gortari no lo contrató directamente, sino que fue a través del grupo al que pertenece (para el que habían hecho algunos trabajos encomendados por la familia Salinas), sólo que en esta ocasión le tocó participar
De acuerdo con el texto, las personas que recomendaron al grupo con Raúl Salinas -hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari- fueron Hugo Andrés Araujo y Jorge Carrillo Olea.
También aclara que menciona esos nombres porque ellos -la familia Salinas, Araujo y Carrillo- no han respetado el trato que hicieron con respecto al asunto de Ruiz Massieu.
Con relación al móvil del asesinato, indica que por miedo al salinismo no se ha dicho la verdad, ya que toda la gente involucrada en su momento estuvo de acuerdo, aunque "actualmente están amenazados y tiene como ejemplo el asesinato de Ruiz Massieu".
Al ya "no estar de acuerdo con las imposiciones del salinismo" y pasar a ser una amenaza para el sistema se "tomó la decisión de liquidarlo", delegando de nueva cuenta la responsabilidad a Raúl Salinas y José Córdoba para hacer contacto con el grupo.
La idea original era el secuestro para obligar a Ruiz Massieu -entonces secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- a desistir de sus reformas y así mismo renunciar a su vida política".
"Desafortunadamente un homicidio desencadenó de otro (sic), pudiendo ser varios más, ya que el asesinato del señor Luis Donaldo Colosio Murrieta fue fraguado desde Los Pinos y aceptado desde el salinismo.
"Tal vez no todos estuvieron de acuerdo pero todos lo aceptaron. Algunos por intereses personales, otros por posiciones políticas y otros por estar bien con el salinismo", afirma.
Manifiesta que durante un viaje a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades se "enganchó de forma casual con un grupo de militares" que le impartieron un adiestramiento especial en armas, alcance, funcionamiento , defensa personal y artes marciales.
De acuerdo con la misiva, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari habría ordenado a su asesor Cordoba Montoya y a su hermano Raúl Salinas asesinar a Ruiz
Massieu,
La ejecución de Ruiz Massieu sería secuela del crimen de Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado cuando era candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Según el homicida, quien purga 50 años de prisión, el salinismo decidió eliminar a Ruiz Massieu porque sabía que la orden de asesinar a Colosio salió de la Residencia oficial de Los Pinos.
En la carta de 17 cuartillas escritas a mano, Aguilar Treviño explica que "córdoba me dijo que todo estaba arreglado, que por la policía no me preocupara, que por la PGR tampoco, ya que ellos hacían lo que ellos decían y Raúl, en forma sarcástica, riéndose dijo:
"No hay problema, estamos arreglados y por las armas no te preocupes".
MEXICO.- Fernando Rodriguez Gonzalez aseguro que el ex fiscal Pablo Chapa y el ex subprocurador Mario Ruiz Massieu sabían desde un principio que Raúl Salinas era el culpable del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.
En entrevista dentro del Reclusorio Preventivo Sur, donde se encuentra preso desde hace más de cuatro años, Rodríguez González, aclaró: "Yo nunca he negado tener una responsabilidad en los eventos. Lo que he negado es ser el instigador del homicidio".
Reiteró que Raúl Salinas ordenó la muerte de Ruiz Massieu, quien fuera secretario general del PRI, y subrayó que el hermano del ex Presidente fue el autor intelectual e instigador del homicidio.
Tras enterarse de la condena dictada a Salinas, el inculpado dijo que su imputación "no fue una incriminación, sino una denuncia directa de los ilícitos de esa persona".
El juez de la causa determinó que el testimonio de Fernando Rodríguez González no fue extemporáneo ni carece de validez por haberse hecho cuatro meses y 15 días después del homicidio, ya que su silencio era justificado, pues creía que recibiría ayuda de Salinas para ser liberado.
Consideró que si la autoridad no encuentra a Muñoz Rocha, deberá dar una determinación en otro sentido jurídico, que es el que se le otorga a una persona declarada ausente o muerta.
Rodríguez González, ex secretario técnico de la Comisión de Asuntos Hidráulicos de la 54 Legislatura de la Cámara de Diputados, con semblante alegre también habló sobre la descalificación que pretendió realizar la defensa de Raúl Salinas.
Recordó que fue acusado cuando Carlos Salinas era Presidente y que fue consignado ante el juez 11 de Distrito por Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima, pero fue el ex fiscal Pablo Chapa Bezanilla quien firmó su consignación.
Por lo tanto, agregó, desde la pasada administración sabían quién ordenó el homicidio y no hicieron nada.
"Chapa no fue un relevo, sino un continuador de la política de Mario Ruiz Massieu, debido a que el ex fiscal especial trabajó con el hermano de José Francisco, es decir, desde antes sabían quien era el autor", aseguró.
El sentenciado apuntó que eso debe ser investigado, porque no es posible que la justicia se quede en silencio ante la gravedad de una imputación hacia personas importantes.
"Cuando Pablo Chapa me interrogó, me dijo: sabemos que Raúl Salinas es el culpable. Necesitamos que usted nos dé su versión, ya que no había podido hablar porque la gente del subprocurador Mario Ruiz no quería que hablara", dijo.
TOLUCA.- Raúl Salinas de Gortari fue sentenciado ayer a 50 años de prisión, la pena máxima, por la autoría intelectual en el homicidio con premeditación, alevosía y ventaja de
La Procuraduría General de la República ganó así su primera batalla legal en la contienda que libra con Salinas y su defensa desde hace 3 años 11 meses, cuando el hermano mayor del ex Presidente Carlos Salinas fue encarcelado bajo el cargo de planear el homicidio de su ex cuñado.
El Juez Tercero de Distrito en materia penal de esta ciudad, Ricardo Ojeda Bohórquez, dio su resolución a 31 horas de que venciera el término legal de 30 días hábiles que le otorga la ley.
Estableció también que Raúl es responsable de los delitos de uso de documentos falsos e informes falsos dados a una autoridad distinta de la judicial.
Sin embargo, resolvió no acumular a la sentencia de homicidio las penas que corresponderán a estos ilícitos, para no exceder la sanción máxima (50 años de prisión) que establece la legislación penal mexicana.
Además de la pena de prisión, Ojeda condenó a Salinas a la reparación del daño, por un monto de 12 mil 073.30 pesos, con base en el salario mínimo que se encontraba vigente en el momento de cometerse el ilícito.
También dispuso el decomiso del cheque expedido el 26 de septiembre de 1994, por 500 mil pesos, con el que la PGR pretendió acreditar el financiamiento del crimen.
Raúl González Salascampos y Roberto Hernández Martínez, abogados de Salinas, y los agentes del Ministerio Público Federal Bonifacio Olivares y Miguel Angel Sánchez, fueron notificados de la sentencia por la primera secretaria de Acuerdos del Juzgado, María del Carmen Clavellinas.
La notificación se realizó en el sótano del edificio que alberga a los tres juzgados de Distrito en materia penal, en presencia de unos 50 reporteros, camarógrafos y fotógrafos cuyo ingreso al edificio se autorizó poco después de las 16:30 horas.
Una vez notificadas la defensa y la fiscalía de la resolución, personal del Juzgado salió rumbo al Penal de Alta Seguridad de Almoloya de Juárez para informar a Raúl Salinas el sentido de la sentencia dictada en su proceso.
De acuerdo con la legislación penal, la sentencia dictada por el Juez Ojeda no es aún definitiva, la defensa cuenta con cinco días hábiles para inconformarse con la resolución.
La apelación se presenta ante el Juzgado Tercero, que enviaría el expediente para su revisión al Tribunal Unitario del Segundo Circuito en turno, cuyo titular resolverá si la confirma, modifica o revoca.
MEXICO.- Raúl Salinas de Gortari, personalmente, apeló ayer la sentencia al momento de enterarse del fallo del juez.
En la prisión de Máxima Seguridad de Almoloya de Juárez, donde ha vivido recluido casi cuatro años, el hermano del ex Presidente Carlos Salinas apeló cuando le fue notificada la sentencia, alrededor de las 16:30 horas, según sus abogados.
En el Juzgado Tercero de Distrito en materia penal de Toluca, aproximadamente a la misma hora, su abogado defensor Raúl González-Salas firmó el acta de la sentencia y en el mismo documento también apeló la condena.
De acuerdo con Eduardo Luengo Creel, su abogado, Raúl recibió la notificación de la sentencia "tranquilo y con mucha entereza".
En tanto, Mariano Albor, abogado del ex Presidente Salinas, consideró que la condena no respeta la realidad y aseguró que el inculpado es ajeno al homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.
En un comunicado fechado en la Ciudad de México, Albor establece: "Rechazamos categóricamente los considerandos y resolutivos del juez federal porque su argumentación y valoración probatoria incumplen con la técnica impuesta normativamente por el orden jurídico nacional en materia penal, la decisión del juzgador no respeta la realidad que fue objeto del proceso".
Toluca, México.- El juez tercero de distrito en materia de procedimientos penales federales, Ricardo Ojeda Bohórquez, sentenció a 50 años de prisión a Raúl Salinas por homicidio, uso de documento falso e informes falsos dados a una autoridad distinta de la judicial.
Durante la notificación a las partes, acto realizado en el estacionamiento del recinto judicial, el impartidor de justicia informó a Raúl Salinas que fue encontrado culpable de los delitos mencionados.
Por lo anterior, deberá permanecer 50 años en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Asimismo, le impuso una multa de 12 mil 063 pesos por causarle daño moral a la familia del extinto José Franciso Ruiz Massieu, al ordenar y financiar el asesinato.
Ante los abogados Raúl González Salas Campos, Roberto Martínez y Juan Velázquez, el juzgador federal señaló que por el homicidio, "no existe la confesión del inculpado ni prueba directa que lo acredite, por ello, la responsabilidad se demostró con la prueba circunstancia o indiciaria"
El juez determinó que la culpabilidad de Raúl Salinas se basa en la confesión de Fernando Rodríguez González, quien detalló los hechos de la muerte de José Francisco Ruiz Massieu y la autoría material de Daniel Aguilar Treviño, quien disparó en contra del político.
También, dijo, quedó demostrado que fue el diputado Manuel Muñoz Rocha quien ordenó planear los hechos a Fernando Rodríguez González, "por lo que Raúl Salinas de Gortari, resultó ser el autor intelectual del homicidio, debido a que las evidencias se entrelazaron en forma lógica.
"La imputación que Fernando Rodríguez González hizo a Raúl Salinas de Gortari no es singular, puesto que está apoyada en varias pruebas que obran en el expediente de las que destacan las testimoniales de Jorge Rodríguez González, hermano del testigo y partícipe en el asesinato".
Ojeda Bohórquez consideró como prueba un recibo telefónico donde le expone la llamada que Manuel Muñoz Rocha hizo de la casa del doctor Manuel Espinoza Milo al domicilio de Raúl Salinas de Gortari.
Asimismo, consideró como testimonial la declaración del sargento Noé Hernández Neri, guardia de la casa del acusado, quien aseguró que Raúl Salinas de Gortari recibió llamadas telefónicas de Manuel Muñoz Rocha y de Fernando Rodríguez González.
Con esas pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) el juez tercero de distrito con sede en el Estado de México, concluyó que Raúl Salinas es plenamente responsable de la autoría intelectual del homicidio perpetrado contra José Francisco Ruiz Massieu.
En entrevista posterior, el defensor de Raúl Salinas, Raúl González Salas Campos, señaló que analizarán la determinación del juez para utilizar, en su caso, los recursos jurídicos necesarios y demostrar la inocencia de su cliente en segunda instancia.
Informó que la defensa apeló inmediatamente a la condena de 50 años de cárcel en contra del acusado, por lo que ante los tribunales correspondientes realizarán la defensa de sus pruebas.
Reiteró que Raúl Salinas de Gortari es inocente del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu y consideró que los abogados defensores planearán en un futuro inmediato la nueva estrategia para buscar la revocación de la sentencia.
Por su parte, Juan Velázquez, abogado de la familia Salinas, aseguró que seguirán luchando para demostrar la inocencia de Raúl y aseguró que no se atreverían a decir que fue un criterio político el que motivó al juez a dictar una sentencia condenatoria.
Consideró más bien una equivocada valoración de las pruebas por parte del juez e insistió que creen en el sistema juridíco por lo que llevarán el caso a segunda instancia e incluso adelantó que podrían llegar a solicitar un amparo ante un tribunal colegiado.
En el texto de la sentencia del proceso 14/95, de 16 fojas, el juez Ojeda Bohórquez estimó que el testimonio de Fernando Rodríguez González, quien acusó a Raúl Salinas, "no es extemporáneo ni carece de validez por haberse hecho cuatro meses y 15 días después del atentado".
Respecto a los presuntos pagos que recibió Fernando Rodríguez, el juzgador determinó que "no se acreditó plenamente pues consta que la PGR hizo una erogación de 500 mil dólares americanos por información, pero se les entregó a Fernanda Rodríguez Gastelúm, hija del testigo".
Asimismo, consideró que al inculpado no le fabricaron pruebas, "pues aunque de la investigación a cargo de Pablo Chapa se derivó que hubo algunos informantes falsos como Francisca Zetina Chávez (alias) "La Paca" y Ramiro Aguilar Lucero, no se puede decir que éstos estuvieran relacionados con la planeación del homicidio".
Precisó que los hechos como la siembra de la osamenta en la finca "El Encanto", en Cuajimalpa, se trató de un fraude cometido por informantes falaces y permitido por la incapacidad y deshonestidad de funcionarios, por lo que se determinó su respectiva responsabilidad penal tanto de testigos falsos como de servidores públicos".
Por último, el juez Tercero de Distrito del Estado de México envió un actuario a informar inmediatamente a Raúl Salinas de Gortari detenido en el penal de Alta Seguridad de Almoloya de Juárez, de la sentencia de 50 años de prisión que se le instruyó este día.
ALMOLOYA DE JUAREZ.- Sereno, con buen estado de ánimo y el apoyo de su familia que lo visitó el año pasado en el Penal de Alta Seguridad de este municipio, Raúl Salinas aguarda la sentencia de su proceso por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, con la confianza de que se le hará justicia.
Consciente de que en esta resolución se juega el resto de su vida, Salinas se encuentra muy esperanzado de que el fallo del Juez Ricardo Ojeda lo absolverá de la presunta coautoría intelectual en el homicidio de su ex cuñado que le atribuyó la PGR, confiaron fuentes cercanas a la familia Salinas.
Agregaron que la proximidad de la sentencia, no ha alterado la rutina de Salinas en el penal. Permanece en el área de segregación del reclusorio, donde su principal ocupación ha sido el estudio de los expedientes de sus procesos y la preparación de su defensa, en la que ha colaborado con sus abogados.
Con derecho a cuatro horas de visita familiar cada ocho días, Salinas se reunió con su hermana Adriana y sus hijos Mariana y Juan José el domingo pasado, con quienes está en contacto telefónico tres o cuatro veces a la semana, durante diez minutos en apego al estricto reglamento del penal.
La defensa de Salinas, al igual que la familia, mantiene su postura de no hacer declaraciones en torno al caso, y la Fiscalía especial, representada por los agentes del Ministerio Público Federal, Alejandro Sánchez y Bonifacio Olivares, comenzó acudir diariamente desde el pasado lunes a la oficinas del Juez Ojeda.
Sin embargo, la restricción de acceso al juzgado, que inicialmente se había aplicado a los medios de comunicación, se ha extendido también a la Fiscalía.
Los agentes reciben en la entrada del juzgado la misma respuesta que los reporteros. "La sentencia se dará el viernes 22 de enero".
Mientras Raúl Salinas de Gortari (Raúl) espera la sentencia del cargo de homicidio óen la modalidad de coautoríaó de José Francisco Ruiz Massieu, la PGR lo investiga, como desde octubre de este año, por el delito de narcotráfico. Su nombre ya había sido vinculado antes al mismo ilícito en investigaciones suizas y estadounidenses.
En documentos oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechados el 8 de diciembre de 1998, se señala que el contador del Cártel de Cali, Guillermo Alejandro Pallomari González, ha declarado sobre los pagos que esta organización hacía a políticos.
En especial se resalta "el presunto involucramiento de Raúl en actividades relacionadas con el narco y el lavado de dinero".
En México, bajo la averiguación previa 307/MPFEADS/98 la Procuraduría General de la República (PGR) podría integrar el primer proceso formal por narcotráfico en contra de Raúl.
No obstante, el informe ódel cual algunas partes obran en poder de EL NORTEó que hace ocho semanas la Procuraduría suiza entregó a la PGR, señala que todo comenzó en mayo de 1987.
La siguiente es una narración cronológica, que comienza en 1987 y abarca por lo menos hasta 1992, de las relaciones directas de Raúl, hermano del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari (CSG), con el narcotráfico, según el informe citado y otros documentos oficiales de diversas dependencias; fuentes de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), la PGR y autoridades policiales mexicanas. Los vínculos con las redes de la droga, según estas versiones, involucran también al propio ex Mandatario mexicano, a su padre y a algunas figuras políticas.
Para no caer en la reiteración, se hace hincapié en que la mayor parte del siguiente texto se basa en las investigaciones documentadas en el informe suizo. Cuando otras informaciones provengan de reportes o documentos oficiales de origen distinto, o de fuentes y personas consultadas de manera directa por este diario, así se precisa en el pasaje correspondiente.
Un año después del comienzo del terrorismo ejercido por el Cártel de Medellín en Colombia (1986), Raúl conoció a Augustine Cisneros, socio del narcotraficante detenido Juan García Abrego, en el rancho Parras de Nuevo León, según reportes del desaparecido Instituto Nacional de Combate a las Drogas de México.
Ahí ocurría una fiesta en honor a CSG, entonces aspirante a candidato a la Presidencia de la República. El desaparecido Manuel Muñoz Rocha, también asociado al asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, atestigua este encuentro de mayo de 1987.
Un mes más tarde el propio García Abrego se reune con Raúl, acompañado de nueva cuenta por Manuel Muñoz Rocha. El encuentro fue en el restaurante US Bar de Matamoros, Tamaulipas.
Fuentes de la PGR han declarado a este diario que la reunión en Matamoros fue clave para que, a cambio de protección de cargamentos de cocaína, García Abrego financiara la campaña presidencial de CSG.
Por su parte, el referido informe de la Procuraduría suiza integra la declaración de un testigo protegido, ex miembro del Cártel de Medellín encabezado entonces por el ya fallecido Pablo Escobar Gaviria.
Según el documento, "Alex", el testigo colombiano preso hoy en Estados Unidos, refiere que en septiembre de 1987, CSG lo invitó a la Ciudad de México. El ex Presidente le envió un avión para traerlo desde Tijuana, Baja California Norte.
Un intermediario de Raúl, Pedro Ornelas (alías "Tío Leo") paga los 10 mil dólares que costó el viaje.
Ya en la Ciudad de México, "Alex", quien entonces opera en Los Angeles, California, y es conducto del colombiano Gonzalo Rodríguez Gacha (alias "El mexicano"), se reune con Raúl en el Hotel Plaza Galerías. "Porque nosotros (el Cártel de Medellín) le brindábamos apoyo financiero a (Alfredo) del Mazo, otro candidato".
Desayunan. A cambio de protección a los cargamentos del Cártel de Medellín, Raúl pide a "Alex" financiamiento para la campaña de CSG.
"Alex" informa sobre la propuesta de Raúl a Rodríguez Gacha, segundo de abordo del Cártel colombiano, responsable de los grupos armados más violentos de esa organización.
La traducción con errores de sintaxis del informe suizo, a cargo de K. Senn, señala que un intermediario llamado Nilo Bautista entrega directamente a Raúl 200 mil dólares.
El primer pago del trato.
"(Raúl) me habló por teléfono, me dijo que había recibido el dinero y me dio las gracias.
El dinero fue un regalo de Rodríguez Gacha para la campaña de elecciones de CSG", detalla "Alex".
Ese mismo mes, "Alex" se reune con José Francisco Ruiz Massieu en la casa de su hermano Mario en Acapulco para definir la entrega de 526 kilogramos de cocaína.
"José Francisco (Ruiz Massieu) nos dijo que Raúl nos daría protección total siempre que la necesitáramos". En esa reunión "Alex" recibe un segundo pasaporte mexicano (antes ya le habían entregado uno) y una identificación de la Policía Judicial Federal (PJF).
El 4 de octubre de 1987, CSG es designado candidato del PRI a la Presidencia de la República.
