México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a seis ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y les impuso sanciones económicas por dos mil 842 millones 299 mil 492.16 pesos.
En un comunicado, la dependencia explicó que luego de una auditoría practicada al ejercicio presupuestal de 1997 a 2000 se comprobaron irregularidades en la erogación de recursos de la paraestatal al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Señaló que el importe total de las sanciones equivale a dos veces al monto del daño causado al patrimonio de Pemex y se dividió en mil 421 millones 149 mil 746.08 pesos al ex director general, a quien se inhabilitó por 20 años para ocupar algún cargo en la Administración Pública Federal.
Los ex directores corporativos de Finanzas y de Administración deberán pagar 532 millones 322 mil 792.96 pesos cada uno, y se les inhabilitó por 15 años; al ex director corporativo de Administración (que fungió en otro periodo) se le impuso una sanción de 35 millones 354 mil 414 pesos, sin que pueda ejercer por 10 años.
El ex subdirector corporativo de Relaciones Laborales no podrá ejercer durante 10 años y deberá pagar 321 millones 149 mil 746.08, mientras que el ex gerente corporativo de Control Presupuestal, a quien no se le aplicó sanción económica alguna, quedará inhabilitado por cinco años.
La SFP concluyó que los convenios laborales entre Pemex y el STPRM, al amparo de los cuales se entregaron diversos fondos, constituyen un artificio para encubrir y desviar recursos, supuestamente para cubrir prestaciones de los trabajadores de la paraestatal.
Expuso que al director general se le imputa haber participado y tener conocimiento de los convenios y oficios de instrucción por los cuales se ordenó entregar en diversas partidas mil 421 millones 149 mil 746.08 pesos al STPRM, sin ajustarse a las disposiciones presupuestarias, caso conocido como "Pemexgate".
La dependencia indicó que el artículo 14, fracciones IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental impide dar a conocer información sobre los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos en tanto no hayan causado Estado, por lo que no menciona los nombres de los involucrados.
En enero de 2001, la SFP, entonces Secodam, inició una auditoría a Pemex en la que detectó que se canalizaron recursos al sindicato; ilícito por el que en diciembre del mismo año presentó la denuncia ante la PGR y en febrero de 2002 la amplió.
