MEXICO.- Un juez federal desechó el amparo con el que el senador priísta Luis Ricardo Aldana Prieto mantiene congelado desde hace más de año y medio el proceso de desafuero que la Procuraduría General de la República (PGR) inició para enjuiciarlo por el llamado Pemexgate, dio a conocer Reforma.
Gabriela Rolón Montaño, juez décimo quinta de Distrito en materia administrativa, notificó el lunes el sobreseimiento de la demanda, que Aldana presentó a finales de 2003 para impedir que la Cámara de Diputados vote su desafuero.
Aldana, a quien le quedan 15 meses en el Senado, todavía puede interponer un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito, con lo que seguirá vigente la suspensión que lo protege.
Si el Tribunal confirma la resolución de la juez, la Cámara de Diputados podrá seguir adelante con el procedimiento de desafuero.
La demanda de amparo fue presentada en Pachuca, Hidalgo, donde otro juez otorgó una suspensión definitiva que a la fecha continúa vigente y ha impedido que la Cámara le dé seguimiento al proceso.
El caso estuvo parado más de un año debido a un conflicto de competencias entre tres jueces en materias penal y administrativa, ninguno de los cuales quería hacerse cargo del expediente.
Fuentes judiciales informaron que el 7 de abril, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal asignó el asunto a la juez Rolón, quien resolvió que la demanda es improcedente y por tanto no entró al estudio de fondo de los argumentos de Aldana sobre la supuesta ilegalidad en la actuación de la PGR y la Cámara baja.
"La suspensión la tenemos en Hidalgo, desde hace año y medio. Al llegar el expediente al Tribunal Colegiado de Pachuca, se suscitó el conflicto competencial, porque dijo que le tocaba al Distrito Federal", explicó Luis Argüelles, abogado de Aldana, en una entrevista telefónica que concedió a principios de abril.
"Acá la discusión en los juzgados fue si el amparo lo debía llevar un juez penal o administrativo, luego regresó a un juzgado administrativo y allí la discusión fue si era el juzgado Cuarto o Décimo Quinto Administrativo el que debía llevarlo. Lógicamente que mientras se ponen de acuerdo, nosotros no nos preocupamos ¿verdad?", agregó el litigante.
Aldana, dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, está acusado por la PGR de peculado electoral, por el supuesto desvío de 500 millones de pesos que Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó al gremio en 2000.
Los fondos fueron a dar a la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa.
La suspensión definitiva es para el efecto de que la Cámara no se constituya en Jurado de Procedencia para votar el desafuero de Aldana, que la PGR solicitó el 27 de septiembre de 2002, además de que el propio órgano legislativo complicó el caso con sus procesos internos.
El dictamen de la Sección Instructora contra Aldana quedó listo en la 58 Legislatura, pero fue presentado al Pleno cameral el 11 de septiembre de 2003, cuando ya había iniciado la 59 Legislatura.
En esa ocasión, el Pleno determinó devolver el expediente en calidad de "proyecto" a la Comisión Jurisdiccional de la propia Cámara, donde ha permanecido desde entonces.
En teoría, esta Comisión debería turnarlo otra vez a la Sección Instructora, para que realice un nuevo dictamen, pero sus integrantes aclararon en abril que estaban a la espera de lo que resuelva el Poder Judicial en el amparo de Aldana.
Argüelles dijo que, si el amparo era desechado en definitiva, presentaría una nueva demanda para que su cliente no sea sometido a desafuero por segunda vez, por los mismos hechos.
En mayo de 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia en la que prohibió a los jueces federales otorgar suspensiones para frenar los procesos de desafuero, por lo que el nuevo amparo de Aldana no podría tener el efecto de congelar otra vez el caso.
