México.- Diputados federales del PAN y PRD urgieron a las autoridades federales y estatales a llevar a cabo un programa de cateos en celdas para decomisar los celulares que utilizan los reos.
Bajo la premisa de que tener un celular en la cárcel es más peligroso incluso que un arma, ya que por medio de los mismos operan bandas de delincuentes y secuestradores, lamentaron la pasividad de las autoridades penitenciarias en este tema.
El diputado federal Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que se estima que en el país unos cien mil reos tienen acceso a teléfonos móviles e incluso en algunos casos aislados a computadoras personales.
"Estamos hablando de un número considerable de reos que pueden realizar secuestros virtuales, amenazas, extorsiones e incluso dirigir bandas de roba coches y secuestradores con toda impunidad" dijo el integrante de seguridad pública de la Cámara de Diputados.
Recordó que hace poco más de un año denunció esta situación que permite a los presos operar desde el interior de los penales y dijo que también podrían ser interceptadas las señales y comunicaciones para desmantelar a esta bandas.
Nahle García dijo que sin embargo el alto nivel de corrupción de las autoridades penitenciarias y el nulo interés de ministerios públicos y judiciales ha derivado en que esta situación prevalezca con impunidad.
A su vez, el integrante de Seguridad Publica, Francisco Valdés de Anda, dijo que la presunta existencia de 20 mil celulares en cárceles capitalinas es el reflejo de la impunidad con que operan estas bandas en la ciudad de México.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que es más fácil para un delincuente pagar dos mil o tres mil pesos para extorsionar a un custodio que montar una oficina o una casa de seguridad y operar robos y secuestros.
Expuso que la mayor parte de estos celulares son robados y que ni aún así se investiga de dónde provienen las llamadas.
Valdés de Anda agregó que cuando a una persona le roban un celular, los judiciales y ministerios públicos quieren al ciudadano acusarlo de autorobo y se niegan a levantar el acta correspondiente.
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