MEXICO.- Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Petróleos Mexicanos, presentó una demanda para anular la multa de mil 421 millones de pesos que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP), como sanción administrativa por autorizar recursos para el sindicato petrolero en el 2000.
La demanda contencioso-administrativa fue admitida el martes a trámite por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que emplazó a la SFP para contestar en un plazo de 45 días.
Con la presentación del recurso quedó suspendida la ejecución de la multa, que es una de las más altas que se han impuesto en el servicio público federal, así como de la inhabilitación de 20 años a Montemayor para ocupar puestos públicos.
El caso quedó en manos de la Quinta Sala Regional Metropolitana del TFJFA, aunque por su monto podría ser atraído por la Sala Superior, integrada por 11 magistrados.
Cualquier decisión del TFJFA será apelable ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, mismo que tendría la última palabra, mientras que el litigio tomará por lo menos entre seis meses y un año.
Cuando la SFP difundió esta sanción, el 10 de mayo, Montemayor acusó a la dependencia de ignorar un acuerdo del Consejo de Administración de Pemex en el que se reconoció que la empresa no sufrió daño patrimonial por los convenios del año 2000 con el sindicato.
"Se les aportó esta prueba, se les pidió que la solicitaran a Pemex, los documentos obran en el expediente, pero los ignoraron, y para ellos no tienen validez", dijo el también ex Gobernador de Coahuila.
Además sostuvo que la legalidad de estas operaciones ya fue reconocida en el convenio firmado entre Pemex y el sindicato petrolero en 2004, cuando se afirmó que fueron negociaciones laborales válidas y que los pagos fueron legales.
La SFP, en tanto, consideró que los convenios Pemex-sindicato fueron "un artificio maquinado" para encubrir y desviar recursos públicos.
Con independencia del castigo administrativo, Montemayor está sujeto a proceso penal por peculado, derivado precisamente de los seis convenios firmados entre marzo y septiembre de 2000, por los que Pemex entregó al STPRM un total de mil 580 millones de pesos.
De esta cantidad, el sindicato desvió 500 millones para la campaña del ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa.
Aunque Montemayor también fue acusado por peculado electoral, delito que en su caso sería grave, el Gobierno de Estados Unidos no autorizó su extradición por este cargo, y como el peculado simple no es grave, el ex funcionario ha enfrentado en libertad el juicio en su contra.
