Londres.- Las tres principales fuerzas políticas británicas alcanzaron hoy un acuerdo para introducir una nueva legislación anti-terrorista en el país, orientada a prevenir atentados como los sufridos en la capital británica el 7 de julio.
Una semana y media después de que Londres fuera azotada por una serie de ataques terroristas coordinados, que se cobraron la vida de 56 personas y causaron más de 700 heridos, gobierno y oposición acordaron lo que será la base de la reforma legislativa.
El acuerdo se anunció tras la reunión celebrada entre el secretario británico del Interior, Charles Clarke, y sus homólogos en la oposición: el conservador (segundo partido del país), David Davis, y el liberal demócrata (tercera formación política) Mark Oaten.
De acuerdo con Clark, "no hay grandes diferencias pendientes" en cuanto a las propuestas del gobierno para crear nuevos delitos, con los que se sancione la incitación al terrorismo y proyectos de ley preliminares.
Acciones como obtener información para preparar explosivos podría así ser consideradas delitos. Las nuevas leyes pretenden también prevenir el fomento del radicalismo o las posibilidades de entrada de inmigrantes con nexos extremistas.
Estas nuevas propuestas de ley serán debatidas por la Cámara de los Comunes (cámara baja del Parlamento británico) tras las conferencias de los distintos partidos, previstas para Otoño.
Según afirmó el ministro del Interior, la nueva legislación podría así ser introducida en la cámara el próximo mes de octubre, de manera que pueda ser aprobada para diciembre y entrar en vigor a comienzos del próximo año.
Esta nueva legislación será debatida después de que la ley actual -aprobada a comienzos de año- generara una fuerte controversia, por contemplar medidas como el arresto domiciliario sin cargos de sospechosos de terrorismo.
También generó gran polémica, tanto en la calle como entre los diputados, la pasada ley anti-terrorista, que llegó a ser declarada ilegal e incompatible con la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea, por el máximo tribunal británico.
