México.- Un sismo de la magnitud del que vivió México el 19 de septiembre de 1985 costaría 20 o 30 veces más de los cuatro mil millones de pesos que dejó el terremoto en aquella ocasión, sin embargo, ahora el país está mejor preparado para enfrentar una emergencia de este tipo.
Hace 20 años había varias dependencias del gobierno federal que no estaban aseguradas contra este riesgo, ahora sí es una obligación tenerlo, por tanto, "todos los bienes gubernamentales están amparados", destaca el director de Daños y Autos de la AMIS, Luis Alvarez Marcen.
Además, en el Distrito Federal y Guerrero es obligatorio que el gobierno esté asegurado contra movimientos telúricos, aunque no sucede en todos los estados del país, pues hay algunos donde es muy poco probable que ocurra un temblor, como es el caso de Tamaulipas, Nuevo León o la península de Yucatán.
El directivo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) refiere a Notimex que a raíz del sismo de 1985 se pidió al sector una reserva especial para cubrir emergencias y la prima que se queda de retención se va acumulando, por lo que hoy existen suficientes reservas en el mercado.
Sin embargo, reconoce, la situación es diferente en el caso de la población en general. De hecho, precisa que la cobertura en casa-habitación es bastante pobre, pues sólo 5.0 por ciento de las casas particulares mexicanas cuenta con un seguro contra riesgos catastróficos.
Si se toma en cuenta que los créditos hipotecarios ya incluyen un seguro de estas características, la proporción alcanza de 10 a 12 por ciento del total de la vivienda asegurada en México.
Así, existe una gran brecha de casi 90 por ciento de las viviendas que en el país no están amparadas contra riesgos catastróficos, como temblores o huracanes, a pesar de que México se encuentra en un zona sísmica y es vulnerable a este tipo de fenómenos naturales.
Por ello, Alvarez Marcen se pronuncia por no menospreciar la fuerza de la naturaleza, "hay que poner nuestras barbas a remojar y que la gente haga conciencia".
En días pasados, las secretarías de Gobernación y de Hacienda informaron que trabajan en la adquisición de un "bono catastrófico", el cual permitirá cubrir las necesidades que se generen con un evento sísmico superior a 6.0 grados en la escala de Richter.
La coordinadora general del Sistema Nacional de Protección Civil, Carmen Segura Rangel, dijo esa vez que ese seguro abarcará zonas sensibles de movimientos telúricos y que se adquirirá con los propios recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).
"No podemos evitar que los fenómenos de origen natural, como un sismo, se manifiesten o que lo hagan con determinada magnitud, pero sí podemos aprender a vivir con ello", expuso.
En ese sentido, Alvarez Marcen señala que el seguro es "una bendición", porque una vez que pasa un temblor, las pérdidas se resarcen y se comienza a reconstruir lo dañado.
Además, dijo, la protección civil es importante y ha sido un buen mecanismo, ya que por ejemplo, la gran labor que hicieron autoridades de diferentes niveles de gobierno en el caso del huracán Emily permitió un saldo blanco y una buena lección que hay que compartir.
El directivo de la AMIS explica que todas las pólizas emitidas por las aseguradoras que operan en el país tienen respaldo, sobre todo en terremoto y huracán.
"Cada riesgo está asegurado en dos partes, por la propia aseguradora, donde interviene capital y reserva, y por el mercado internacional de reaseguro".
En la actualidad, continuó, la proporción es del doble a nivel de este tipo de reservas en México, hay un saldo de 13 mil 200 millones de pesos en reservas catastróficas en el caso de terremoto, por la pura retención.
Alvarez Marcen aclara que las compañías aseguradoras no podrían vender pólizas sin tener un respaldo para pagar, por eso la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas -el órgano regulador- ha insistido desde hace muchos años en la solvencia de las compañías, en particular en riesgos catastróficos.
Y es que, si las aseguradoras no llegaran a tener la cobertura adecuada, tanto de reservas como de protección de reaseguro, el diferencial para pagar las pólizas lo tendrían que aportar los propios accionistas en capital.
El entrevistado expuso que en el temblor de 1985, las compañías pagaron en el mercado mexicano 240 millones de dólares en total, de ahí estaba reasegurado como el 70 por ciento.
"Ahora, el panorama ha cambiado bastante y a lo mejor un sismo como el del 19 de septiembre de 1985, en vez de los cuatro mil millones que costó al país en ese momento, ahora un sismo similar costaría unas 20 o 30 veces más".
No obstante, reitera que todo está debidamente protegido, y la proporción que hay de protección es casi del doble, "por ese lado no hay ningún problema, ni por la solvencia ni porque se vayan a dejar se pagar siniestros".
En ese sentido, el gerente comercial de daños de AON México, Benito Villanueva Acevedo, asegura que en el caso de todos los fenómenos catastróficos que son objeto de seguro, la autoridad exige tener reservas.
Dijo a Notimex que en el caso de terremoto, las compañías que operan en México ya cuentan con reservas bastante altas, pues a la fecha no ha ocurrido ningún fenómeno de esta naturaleza.
En el caso de terremoto, todos los bienes patrimoniales del gobierno federal cuentan con un seguro, "esto no es nuevo y se pretende que también sea obligatorio para todas las entidades federativas", agrega el directivo.
