MEXICO.- Tal como lo prometió, el diputado federal Miguel Ángel Toscano reveló los nombres de los legisladores que aceptaron viajes pagados por parte de las compañías tabacaleras.
Sin presentar pruebas documentales, el legislador panista señaló que su denuncia era política y exhortó a sus compañeros a que esclarecieran si en efecto aceptaron los viajes.
"Yo no tengo los boletos de avión. Los que fueron a los viajes son ellos", dijo.
Entrevistado en Primero Noticias, Toscano acusó a la British American Tobbaco de financiar viajes al premio de la Fórmula Uno en Barcelona, Hungría y Brasil, que se realizaron justo cuando no hubo periodo de sesiones.
El legislador identificó a María Vargas, representante de la tabacalera, encargada de invitar personalmente a cada legislador, y a Karen Caballero quien los acompañaba.
Los legisladores que presuntamente aceptaron la invitación son:
-- Felipe Puelles Espina
-- Francisco Javier Valdés de Anda
-- Luis Antonio Ramírez Pineda
-- Irma Guadalupe Moreno Valles
-- Raúl Mejía González
-- Hilaria Domínguez Arvizu
-- Jorge Uscanga Escobar
-- Marco Antonio Fernández Rodríguez
Toscano también acusó a Humberto Aguilar Coronado, ex subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la titularidad de Santiago Creel.
El diputado panista manifestó sus sospechas hacia Emilio Zebadúa, del PRD, quién le dijo que votaría a favor del incrementar el impuesto a las tabacaleras pero cinco minutos antes se salió del Pleno y evitó la votación.
Emplazó a los perredistas Dolores Padierna, Guadalupe Morales Rubio y Jorge Martínez Ramos a explicar por qué votaron en contra del impuesto cuando su fracción votó a favor.
Anunció que en los próximos días presentará una denuncia ante la instancia correspondiente donde aportará los elementos adicionales que tenga a la mano.
Reconoció que no existe un delito al aceptar los viajes, pero sí hay una sanción administrativa según la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa.
Toscano citó el artículo 45 de dicha Ley el cual establece que "ningún funcionario público puede recibir más de diez salarios mínimos anuales, del Distrito Federal, o cualquier prebenda en efectivo o en especie".
