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Niegan aprehensiones a priistas
| Los fundamentos por los cuales inició el proceso criminal más famoso del sexenio se han ido desmoronando
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02/12/2005 | Infosel Financiero.-México.-Lento pero seguro, el caso Pemexgate marcha hacia su extinción, publicó Reforma.
Los fundamentos por los cuales inició el proceso criminal más famoso del sexenio se han ido desmoronando y no pudieron fincar una responsabilidad directa de los involucrados.
La base del proceso fue el convenio que Pemex y el sindicato petrolero firmaron el 31 de mayo de 2000, por el cual la empresa entregó 640 millones de pesos al gremio.
De esta cantidad, 500 millones fueron a dar a las arcas de la campaña de Francisco Labastida, candidato presidencial del PRI.
Pero al absolver a cuatro priistas involucrados en el caso, un tribunal federal de última instancia acaba de resolver que ese convenio solo afectó a las partes que lo firmaron, que éstas nunca lo cuestionaron legalmente, y que por tanto a la fecha no ha sido anulado.
"El convenio administrativo que nos ocupa constituye un acuerdo de voluntades entre el STPRM y Pemex, cuyos efectos jurídicos (derechos y obligaciones recíprocos) solo afectan a dichas personas jurídicas colectivas", sostuvo el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal.
"Estos acuerdos son susceptibles de anulación por vicios que afecten los intereses de cualquiera de las partes, y hasta el momento, no existe alguna autoridad competente que establezca la nulidad del convenio, por lo que el mismo surtió sus efectos y se ejecutó como una realidad concreta", agrega la sentencia, dictada el 30 de septiembre.
El tribunal también dijo que está probado que el Sindicato sí pagó los 640 millones del primer convenio, mediante otro firmado el 11 de septiembre de 2000, por el que aceptó descontar esa cantidad sobre una aportación de Pemex por mil cien millones de pesos.
El 25 de octubre, la juez federal Silvia Estrever no tuvo más remedio que acatar este fallo, lo que resultó en la negativa de orden de aprehensión contra los priistas Carlos Almada (vocero presidencial de Ernesto Zedillo), Jorge Cárdenas Elizondo, Joel Hortiales y Alonso Bretón.
Los cuatro personajes pasaron tres años prófugos.
Pero según el tribunal colegiado, no había pruebas siquiera para presumir que cometieron el peculado electoral que les imputó la PGR.
Los magistrados no dieron valor al dicho del testigo estrella de la PGR, Andrés Heredia Jiménez, quien trabajó en la campaña de Labastida.
Heredia declaró que algunos compañeros le refirieron que el PRI estaba recibiendo ilícitamente recursos de PEMEX vía el sindicato petrolero.
"A tal testigo (Heredia) no le constan los hechos, de ahí que no merezca valor probatorio alguno, máxime que no señaló en qué consistió la ilicitud aludida y ésta no se ha demostrado", señaló el tribunal.
Las dos figuras centrales de este caso son Rogelio Montemayor, ex director de Pemex, y Carlos Romero Deschamps, líder del STPRM.
Ambos están libres pero siguen sujetos a juicio.
El problema para la PGR es que la decisión final la tendrá el mismo tribunal colegiado, que también echó abajo la acusación por peculado electoral contra Carlos Juarista y Juan Domene, ex funcionarios de Pemex.
El caso y los implicados
En marzo del 2003 el IFE comprueba el desvío de 500 millones a la campaña de Francisco Labastida en 2000.
En mayo se le impone al PRI una multa de mil millones de pesos.
Al candidato presidencial no se le persiguió ni tocó.
Los acusados se limitaron al director de la paraestatal y a los líderes sindicales.
A 5 años del escándalo uno de los principales investigados, el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps fue reelecto para el periodo 2007-2012.
Además logró una renegociación sindical donde captó 4 mil 760 millones de pesos de los casi 8 mil millones que había pactado con Pemex en 2004.
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