Exculpan a Peña Nieto y a Medina Mora en caso Atenco
12 de febrero de 2009 • 00:06

MEXICO.- El gobernador Enrique Peña Nieto y el procurador Eduardo Medina Mora no serán señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como responsables de grave violación de garantías individuales durante los disturbios de 2006 en San Salvador Atenco.

Ocho de los once Ministros de la Corte afirmaron hoy que las violaciones sólo se pueden atribuir a los cuerpos policiacos que ejecutaron materialmente los operativos, así como a los mandos encargados de la coordinación y supervisión.

La mayoría señaló expresamente que no se puede atribuir la violación de garantías a los altos funcionarios que autorizaron los operativos, ya que la decisión para el uso de la fuerza fue legítima y justificada.

"Las autoridades involucradas en las violaciones graves que se cometieron no comprenden a los altos mandos federal y estatal que decidieron usar la fuerza pública... sino únicamente compete a quienes al pretender cumplimentarlas, no actuaron dentro del marco Constitucional y legal", afirmó Sergio Valls.

"Deslindo de toda posibilidad de involucramiento en los hechos consistentes en violación de garantías a estas autoridades que he mencionado", dijo Margarita Luna, luego de narrar una reunión del 3 de mayo de 2006 en la que Peña Nieto, Medina Mora y otros altos funcionarios autorizaron los operativos.

"Decir que en esta reunión hubo una estrategia de Estado para vengarse de los pobladores de Atenco, desde mi punto de vista no tiene ningún apoyo jurídico", afirmó el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz.

Fernando Franco, José Ramón Cossío, Mariano Azuela, Olga Sánchez y Salvador Aguirre también rechazaron señalar a los altos funcionarios.

La votación oficial del caso será realizada mañana, cuando también se determinará a qué autoridades se hará llegar el dictamen -que carece de efectos jurídicos-, si la Corte emitirá criterios sobre uso de la fuerza pública, y procede a reparar el daño a las víctimas.

Los votos serán recabados de acuerdo a ocho preguntas planteadas por el Presidente Ortiz, varias de las cuales prácticamente ya están contestadas. Aunque en teoría algún Ministro puede cambiar su postura antes de la votación oficial, esto muy rara vez sucede.

El proyecto del Ministro José de Jesús Gudiño propone enlistar como "participantes" en las violaciones a más de 2 mil 700 servidores públicos, desde Peña y Medina hasta cientos de policías federales, estatales y municipales.

Solo Genaro Góngora y Juan Silva Meza apoyaron la idea de mencionar a Peña, Medina y otros altos funcionarios como Humberto Benítez Treviño, Secretario de Gobierno del Edomex, a quienes Góngora calificó de "autores intelectuales" de las violaciones.

"No existe ningún elemento probatorio, ni siquiera indiciario, que indique responsabilidad de los funcionarios públicos federales y estatales que el 3 de mayo por la tarde tomaron la decisión de autorizar el uso de la fuerza pública", replicó Franco.

Calificó de "contradictorio", "poco justo" e "imposible de sostener jurídicamente" el proyecto de Gudiño, pues por una parte considera que la orden de usar la fuerza fue legítima, y por otra, incluye entre los violadores de garantías a quienes dieron dicha orden.

Mediante la interpretación de diversas leyes que regulan funciones de las autoridades, Azuela y Cossío concluyeron que sólo se puede señalar como "involucrados" a los policías, así como a los mandos inmediatos directamente encargados de supervisar y coordinar las acciones.

Los funcionarios de más alto nivel a que hicieron alusión los Ministros fueron el ex titular de la Agencia de Seguridad Estatal del Edomex, Wilfrido Robledo; el ex jefe de Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas; y el ex delegado del Cisen en la entidad, Ramón Pequeño.

Gudiño señaló que la lista de "participantes" no pretende culpar o sancionar a alguien, pero sí implica que los mencionados "tienen deber de responder ante la sociedad por lo que pasó".

Por diez votos contra uno, la Corte resolvió que los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 sí resultaron en violación grave de garantías, ante las agresiones físicas y abusos sexuales, detenciones y allanamientos ilegales y la muerte de dos personas, entre otras.

Con información de Grupo Reforma