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 Rechazan STPS, SRE y Segob recomendación de CNDH
11 de febrero de 2009 20:56

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El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Foto: Notimex

México.- Las secretarías del Trabajo, de Relaciones Exteriores y de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), rechazaron la recomendación de la CNDH sobre el caso de 65 mexicanos contratados en la Isla Bimina del Commonwealth de las Bahamas y cuyos derechos presuntamente fueron vulnerados.

En un comunicado conjunto, dichas dependencias deploraron los abusos y fraudes cometidos por personas o empresas que ofrecen empleos inexistentes en el exterior en perjuicio de mexicanos, quienes incluso pueden ser víctimas de tráfico o trata de personas.

Indicaron que esos presuntos puestos de trabajo atentan contra la dignidad, libertad, seguridad o integridad de las personas, y reiteraron su compromiso por evitar y combatir dentro del ámbito de sus atribuciones dichas conductas.

Sin embargo, rechazaron las conclusiones y sugerencias contenidas en la recomendación 1/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionada con ese caso.

Puntualizaron que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realiza inspecciones permanentes en agencias de colocación y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) atiende regularmente los asuntos relacionados con las contrataciones en el exterior.

A su vez, el INM, precisaron, coadyuva en el ámbito de sus atribuciones con las autoridades competentes en la supervisión del traslado y de las contrataciones colectivas de mexicanos en el exterior.

En tanto, la cancillería a través de la Red Consular y de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior atiende y tutela los derechos de los migrantes cuando así se le ha solicitado o cuando por alguna razón ha tenido conocimiento de posibles violaciones a sus derechos.

Mencionaron que una vez conocidos los hechos señalados en la recomendación, las autoridades federales realizaron todo lo que técnica y jurídicamente les correspondía.

En el comunicado añadieron que en las constancias a que tuvo acceso la CNDH como en los informes de las autoridades, se observa que actuaron con toda diligencia y no existen pruebas fehacientes que acrediten alguna responsabilidad por omisión, por lo que las conclusiones del organismo defensor no fueron debidamente sustentadas.

Las personas y empresas que ofrecen servicios de colocación de trabajadores, dentro o fuera del país, sostuvieron, están reguladas y deben cumplir con la Constitución Política y las disposiciones legales.

Mencionaron que la recomendación establece que dichas autoridades deben emitir normatividad interinstitucional en la materia, dar vista a los Organos Internos de Control por presuntas responsabilidades, aportar elementos probatorios al Ministerio Público, brindar capacitación a los servidores públicos del INM.

Asimismo, llevar a cabo diligencias de inspección y vigilancia en materia de agencias de colocación.

Todas ellas, subrayaron, carecen de materia puesto que en este caso los migrantes mexicanos no fueron contratados de manera colectiva por medio de agencias de colocación.

Adicionalmente, insistieron, la normatividad en la materia existe y no se observan omisiones que reportar a la Función Pública y el Ministerio Público no ha requerido elementos o información a esas autoridades.

Reiteraron que los funcionarios de migración reciben capacitación suficiente y permanente y las tareas de inspección por parte de la STPS se efectúan en forma regular y programada sin necesidad de que la CNDH así lo recomiende.

Las dependencias precisaron que los mexicanos que por voluntad propia decidieron prestar sus servicios en la Isla Bimini salieron del país y pudieron regresar a él cuando así lo solicitaron a la Embajada de México en Jamaica, en el ejercicio de su derecho a la libertad de tránsito y de trabajo.

Por lo tanto, concluyeron, la actuación de los servidores públicos ha sido conforme a derecho, salvaguardando los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, lo cual se acredita de las propias constancias que integran el expediente, por lo cual no se acepta la recomendación.

La CNDH emitió el pasado 29 de enero su primer recomendación sobre el caso de 65 mexicanos que presuntamente fueron víctimas de trata de personas y explotación laboral en las Bahamas.

De acuerdo con la recomendación, los agraviados fueron enganchados para trabajar en el ramo de la construcción en ese país, donde firmaron contratos en inglés, y de incumplir deberían pagar tres mil dólares o trabajarían tres meses sin percibir sueldo.


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