Washington, 25 feb (EFE).- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay respetaron en términos generales los derechos humanos en 2008, aunque la violencia doméstica y explotación infantil sigue siendo un problema, según un informe divulgado hoy por el Departamento de Estado de EE.UU.
ARGENTINA
En el caso de Argentina, la 'corrupción oficial' y la 'poca independencia' del poder judicial son dos de sus puntos débiles, que se han convertido en un mal 'sistémico' para el país, indicó el informe anual de EE.UU. sobre los derechos humanos en el mundo.
Por otra parte, aunque la ley castiga la violencia doméstica y protege a los niños, el pasado año el Ministerio provincial de Buenos Aires registró 52.351 quejas de abuso doméstico y, según denuncian varias ONG's, unos 5.000 niños son reclutados anualmente para pornografía infantil y turismo sexual.
Estados Unidos denunció 'el uso excesivo de la fuerza policial y cuerpos de seguridad', así como los informes de abusos y torturas que algunos policías continúan empleando contra los detenidos y los prisioneros en las cárceles.
Unas cárceles 'superpobladas, con instalaciones que no cumplen los niveles mínimos, en las que los presos son amenazados', y en las que en 11 meses, según el Comité contra la tortura de la provincia de Buenos Aires, murieron 86 prisioneros y se denunciaron 5.169 casos de violencia.
Entre los avances, señalan que el Gobierno encarceló a varias personas que violaron los derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983) y continuó con los juicios suspendidos entre 1989 y 1990 por la administración.
CHILE
El documento señala que en Chile hubo 'casos aislados de abuso del poder policial y abuso físico en las cárceles', aunque señala que el Gobierno 'tomó los pasos necesarios para investigar los casos y castigar a quienes cometieron los abusos'.
Por otra parte, destaca la revocación de varias amnistías por parte de la Corte Suprema chilena, que han permitido continuar con la investigación de casos políticos históricos.
Aunque existe libertad de prensa, EE.UU. recoge la preocupación de algunas ONG que lamentan las disposiciones que permiten al Gobierno presentar cargos contra los periodistas que critiquen a las instituciones del Estado, incluido el presidente, los jueces y el poder judicial.
EE.UU. cita el caso de la directora Elena Varela, que fue acusada de asociación ilegal para intentar cometer un delito, mientras rodaba un documental sobre el conflicto entre las empresas madereras y los indígenas mapuches.
También menciona la multa que tuvo que pagar la periodista Alejandra Matus por la publicación del 'El libro Negro de la Justicia chilena', que fue censurado.
La violencia doméstica contra las mujeres 'sigue siendo un problema', al igual que el abuso infantil. Entre enero y septiembre de 2008 se registraron 53.380 casos de violencia familiar, frente a los 46.354 de todo el 2007, y murieron 59 mujeres a manos de sus parejas.
En el caso de los niños, según la primera encuesta de violencia doméstica y crímenes sexuales que hizo el Gobierno chileno entre 2006-2008, el 72 por ciento de los niños ha sufrido algún tipo de violencia, incluyendo abusos psicológicos.
Aunque el trabajo infantil está prohibido, 'es un problema que se da en la economía sumergida y en el campo' y las autoridades detectaron 268 casos de explotación, que incluyen trabajo en las minas, abuso sexual y actividades ilegales.
PARAGUAY
En el caso de Paraguay, EE.UU. apuntó que 'las interferencias políticas, la corrupción, la ineficiencia del poder judicial', así como las largas detenciones sin juicio, son un 'serio problema'.
El informe señala el uso excesivo de la violencia de las autoridades policiales que 'tienen un escaso entrenamiento, poca financiación y generalmente son corruptos y actúan bajo el amparo de la impunidad'.
Los comunicadores son amenazados y acosados, 'en varias ocasiones los políticos y los jueces han amenazado en público a los periodistas que revelan información embarazosa sobre ellos, normalmente casos de corrupción. Los políticos utilizan a la policía o a su seguridad privada para amenazar a los periodistas'.
La violencia y la discriminación contra las mujeres, los indígenas y las personas con discapacidad son otros de sus puntos débiles.
El Departamento de Estado de EE.UU. también denuncia la explotación infantil -hay unos 600.000 niños que no han sido registrados y que no tienen acceso a los servicios públicos- y las violación de los derechos de los trabajadores.
URUGUAY
En el caso de Uruguay, la violencia contra las mujeres y la discriminación de algunos grupos sociales 'continúa siendo un reto para las políticas no discriminatorias del Fobierno'.
El pasado año se dieron 12.407 casos de violencia doméstica, un 16 por ciento más que en 2007.
Según la policía, se han detectado casos de tráfico de mujeres y niños para la explotación sexual en las localidades cercanas a las fronteras con Argentina y Brasil. Algunas mujeres con el engaño de un contrato de trabajo fueron llevadas a Italia y España.
El Gobierno continúa investigando los casos de violación de derechos humanos durante la dictadura militar de Juan María Bordaberry entre 1973 y 1985, de acuerdo con el documento.
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