La SCJN
Foto: Notimex
MEXICO- A partir de 2006, la Suprema Corte de Justicia ha gastado 32.7 millones de pesos en tres investigaciones sobre posibles violaciones graves a garantías individuales, en ejercicio de una facultad polémica que el Congreso nunca ha querido reglamentar.
El resultado han sido dos resoluciones, que provocaron las críticas más severas que ha enfrentado la Corte desde la reforma judicial de 1995, en los casos de Lydia Cacho y San Salvador Atenco, mientras que en el escenario más optimista, la indagatoria del caso Oaxaca, tendrá un dictamen a finales de 2009, casi cuatro años después de los hechos.
Especialistas consultados señalaron que la faculta de la Corte debe desaparecer o ser reformada, para darle mayor fuerza jurídica y claridad operativa, pues los dictámenes que emiten los ministros no tienen efectos legales ni pueden asignar responsabilidad a los involucrados.
"Esta facultad debe desaparecer porque afecta la imagen de la Corte, cuyo prestigio y respetabilidad son esenciales para la independencia y jerarquía de sus altas funciones jurisdiccionales", señaló el abogado Arturo Zaldívar.
Un funcionario judicial que pidió el anonimato, en tanto, apoyó la existencia de esta facultad, pero dijo que las comisiones de la Corte han omitido aplicar el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, que ordena a toda autoridad que tenga conocimiento de un posible delito hacer la denuncia ante la PGR.
"En las ocasiones en que la Corte ha utilizado la facultad, se han reproducido investigaciones previamente realizadas por la CNDH", señaló Miguel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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