España regulará a los controladores aéreos y sus sueldos.
Foto: AP
Madrid.- El gobierno español aprobó el viernes una ley de carácter urgente para asumir la gestión laboral de los controladores aéreos y regular sus abultados sueldos, que, según el ejecutivo, pueden llegar a superar el millón de dólares al año en un país golpeado por la recesión y casi un 19% de desempleo.
Los controladores son técnicamente funcionarios públicos, pero en 1999 firmaron un acuerdo que autorizaba su autorregulación y el control de sus propios salarios. La Unión Sindical de los Controladores Aéreos (USCA) aseguró en un comunicado que examinará el texto del gobierno y que, en su caso, se reserva el derecho de emprender acciones legales.
El ministro de Fomento, José Blanco, dijo que la nueva legislación permite la liberalización del sector y devuelve los mecanismos de organización del trabajo de los controladores a la empresa pública AENA, que gestiona los aeropuertos y la navegación aérea en España.
"No es tolerable que una empresa pública pague sueldos millonarios a los controladores, mientras el gobierno pide austeridad al resto de los españoles", dijo Blanco al término de la reunión semanal del gabinete.
En España trabajan 2.300 controladores aéreos, cuyo sueldo medio es de 375.000 euros (513.400 dólares) al año, muy por encima del resto de Europa. Algunos de ellos, según reveló Blanco, cobran casi 1 millón de dólares debido al sobrecoste de las horas extras.
El objetivo de Fomento es equiparar el salario en los 200.000 euros (272.178 dólares) anuales. Además, la ley abre la posibilidad de adjudicar la gestión de algunas torres de control a empresas privadas.
La ley entró en vigor el mismo viernes al ser aprobada con carácter urgente a través de una fórmula conocida como Real Decreto, una decisión poco habitual. No obstante, las cámaras legislativas deberán convalidar la medida en los próximos días.
Blanco justificó la premura al asegurar que la situación es insostenible y recordó que los costes de navegación aérea en España son el doble que en el resto de Europa. El gobierno llevaba semanas intentando firmar un nuevo convenio con los controladores, pero las negociaciones estaban en punto muerto.
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