Cristina Fernández enfrenta dura batalla contra la Corte Suprema.
Foto: Getty Images
Buenos Aires.- La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, comenzó una dura pelea con jueces que en los últimos meses frenaron algunas de las iniciativas más importantes de su gobierno.
La Ley de Medios, el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda externa y la equidad de precios en la venta de papel para diarios son sólo algunas de las medidas que Fernández decretó o puso en marcha con apoyo del Congreso, pero quedaron suspendidas.
El enfrentamiento entre poderes ya logró, incluso, que la mandataria y su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, denuncien la existencia de un "Partido Judicial" que no participa en elecciones pero sí obstruye al Ejecutivo porque obedece a intereses opositores.
El jueves pasado, por ejemplo, comenzó a regir la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que propuso la presidenta y que fue aprobada por mayoría en el Congreso el 10 de octubre, luego de meses de fuertes debates.
Tres jueces federales frenaron la vigencia de una ley que transforma el negocio mediático en Argentina y, sobre todo, amenaza al emporio del Grupo Clarín, por considerar que algunos artículos son inconstitucionales o que hubo anomalías en su aprobación.
Fernández de Kirchner comenzó el año con otra sorpresa del Poder Judicial, ya que en enero una jueza suspendió el decreto presidencial que destituyó a Martín Redrado como titular del Banco Central por negarse a pagar la deuda externa con reservas.
La decisión de la polémica jueza María de Jesús Sarmiento también frenó la creación del Fondo del Bicentenario que la presidenta había anunciado en diciembre para utilizar seis mil millones de dólares con el fin de garantizar el pago de intereses de la deuda este año.
El viernes, el gobierno anunció que acudirá a la Corte Suprema de la Nación para que libere los fondos que fueron bloqueados por la jueza Sarmiento y que le impiden a Argentina cumplir con sus compromisos financieros.
El juez Ernesto Marinelli, en tanto, se opuso a la facultad que tenía la Secretaría de Comercio para que Papel Prensa, la entidad propiedad de Clarín, La Nación y el gobierno, ofreciera un único precio al principal insumo de los periódicos.
La decisión judicial sólo benefició a Clarín y La Nación, que como propietarios se venden a sí mismos papel a precios preferenciales, muy por debajo del costo que debe cubrir la competencia.
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