México- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de reformas al Código Penal, cuyo propósito es fortalecer el ataque a las finanzas de la delincuencia, mediante el aumento de sus costos y reducir sus ganancias con la figura de Extinción de Dominio.
Detalló que la propuesta establece modificaciones al Código de Procedimientos Penales y a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, a fin de reforzar las figuras jurídicas de aseguramiento, decomiso y abandono de bienes, reparación del daño y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La propuesta otorga facultades al Ministerio Público para que proceda al aseguramiento y decomiso de todos los bienes, muebles e inmuebles, que sean producto, objeto o instrumento del delito, independientemente si se trata o no de actos considerados como delincuencia organizada.
En un comunicado, agregó que con la facultad de aseguramiento y decomiso, el Ministerio Público reforzará la lucha contra la delincuencia organizada y evitará que siga utilizando sus bienes para cometer ilícitos.
Asimismo, permitirán resguardar elementos de prueba para el proceso y utilizar dichos bienes para el pago de la reparación del daño a las víctimas del delito.
La iniciativa establece además que cuando el Ministerio Público ordene el aseguramiento de bienes inmuebles, solicitará la inscripción preventiva al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, con la finalidad de evitar que se realicen actos traslativos de dominio, en cualquiera de sus formas.
También propone un plazo de 60 días para que los bienes y valores decomisados y puestos a disposición de las autoridades investigadoras puedan ser reclamados por quien tenga derecho a ello y de lo contrario, causarán abandono en favor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Refirió que para el caso de enajenación de bienes decomisados se establecerán procedimientos claros, a fin de contar oportunamente con los recursos para la reparación del daño a las víctimas del delito o para destinarlos a lo dispuesto en la Ley de Fondo de Apoyo a la procuración capitalina.
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