Una jueza federal en Phoenix escuchará este jueves a partidarios y oponentes de la controvertida ley de inmigración que criminaliza a los indocumentados en Arizona, que salvo un fallo en contra entrará en vigor en una semana.
La jueza Susan Bolton escuchará a los abogados de la gobernadora del estado, del gobierno federal y de grupos de derechos civiles como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), cuya demanda denuncia un lenguaje de discriminación racial en la redacción de la ley.
Pero también la magistrada considerará una solicitud del Departamento de Justicia para bloquear la aplicación de la ley.
Terri Leon, director ejecutivo de la organización no gubernamental Friendly House, dedicada a ayudar al inmigrante en Estados Unidos expresó su preocupación porque esta ley dificulte a esta entidad su misión de servir a la comunidad de inmigrantes en problemas.
'Hay mucho miedo', dijo Leon al diario The Arizona Republic.
La ley SB1070, proclamada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el pasado 23 de abril tras un voto en el Congreso estatal, declara por primera vez en la historia de Estados Unidos a la inmigración ilegal como un delito estatal.
La normativa establece que la policía puede confirmar el estatuto de aquellas personas sospechosas de estar en el país sin documentos migratorios y castigar a quienes se hayan contactado con ellos en este estado fronterizo con México.
Una de las demandantes individuales, Luz Santiago, una pastora de la Iglesia Pueblo de Dios en la localidad de Mesa, teme por el bienestar de los miembros de su congregación, gran parte de ellos de origen latinoamericano e inmigrantes.
'Me deprime mucho' la situación de la comunidad por esta ley, declaró a la prensa Santiago, al describir el miedo que tienen los niños de que sus padres salgan a la calle y no regresen por ser detenidos. 'Se supone que Estados Unidos representa la libertad', recalcó.
El martes los líderes de las organizaciones que se oponen a la ley de Arizona anunciaron una serie de manifestaciones la próxima semana si la ley entra en efecto. Las protestas incluyen los actos de desobediencia civil, según los organizadores.
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