MEXICO.- Por lo menos 400 estudiantes de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
relacionados con el movimiento de huelga, están aún
detenidos -por los delitos de motín, sabotaje y terrorismo-
y a disposición de dos jueces federales en materia penal.
Everardo Moreno Cruz, subprocurador A de la
Procuraduría General de la República (PGR), agregó que de
los poco más de 700 estudiantes detenidos el domingo pasado
-cuando la Policía Federal Preventiva (PFP) tomó las
instalaciones de la UNAM- 579 ya fueron liberados.
También aclaró en una entrevista radiofónica que de
los 175 detenidos por los hechos violentos que se
registraron el 1 de febrero pasado en la Preparatoria 3 de
la UNAM, uno ya fue liberado.
El funcionario recordó que "la madrugada del miércoles
conocimos la resolución del juez sexto de distrito", quien
dictó (a los universitarios) auto de formal prisión por
delitos que no son graves.
Sin embargo, observó, "por instrucciones del
procurador (Jorge) Madrazo (Cuéllar) el Ministerio Público
adscrito se opuso a que se les concediera el beneficio de
la libertad provisional, a la que podrían tener derecho
porque no son delitos graves".
No son delitos graves, explicó, según lo determina el
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Pero también, añadió, "la Constitución en su artículo 20, y
el 399 bis del Código Federal de Procedimientos Penales nos
autoriza a nosotros a oponernos a la libertad provisional".
Según Moreno, el procurador se opuso a la liberación
de los universitarios detenidos por "la peligrosidad de
estos sujetos" y porque considera que puede estar en riesgo
la propia integridad de nuestra universidad, dada la
conducta precedente que ellos han observado".
El juez, precisó, tomó esa negativa nuestra y no les
concedió la libertad provisional. A 85, prosiguió, la jueza
que lleva parte de los casos consideró que existían
elementos para delitos que no tienen derecho a libertad
provisional.
Madrazo ha reconocido que terrorismo es una palabra
muy fuerte, ha dicho que tiene que examinarse con mucho
cuidado, pero también ha señalado que se procederá en
consecuencia y en términos de ley.
Por su parte, Fernando Serrano Migallón, abogado
general de la UNAM, aclaró este jueves que el rector Juan
Ramón de la Fuente no pidió a las autoridades que se
desistan de los cargos contra los huelguistas presos, sino
que se les trate de manera favorable.
En entrevista para la televisión, expresó que "el
rector no pide que se actúe al margen del derecho, sino que
dentro de las facultades discrecionales que tienen las
autoridades se incline de la manera más favorable a los
detenidos".
No corresponde a la UNAM, aclaró, desistirse de los
cargos de terrorismo y sabotaje, de los que fueron acusados
los huelguistas, sino "intervenir delante de la autoridades
competentes para que de la mejor manera se pueda ayudar a
los detenidos".
Serrano comentó que para los trabajadores, profesores
y estudiantes universitarios fue "extraordinario" regresar
al campus, luego que la Policía Federal Preventiva entregó
el miércoles las instalaciones a las autoridades de la UNAM
que estuvieron cerradas más de nueve meses.
Después del rescate jurídico y físico de las
instalaciones universitarias, comentó que ahora se
dedicarán a la "recuperación académica y de la convivencia
entre los universitarios".
Rodolfo Hernández, activista del Consejo General de
Huelga (CGH), afirmó a su vez que el paro continúa pues
nunca se levantó, aunque las instalaciones de la UNAM estén
ya en manos de las autoridades.
"La huelga -dijo a la radio- continúa políticamente.
La huelga existe y así como utilizaban aquel lenguaje las
autoridades de que la UNAM estaba donde están los
universitarios, la huelga está donde están los
universitarios en huelga".
Estudiante de la carrera de Sociología de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, Hernández dijo que el CGH
ya está restructurado y listo para funcionar "en las nuevas
condiciones y no sólo desde la UAM Xochimilco, sino desde
distintos lugares donde opera el Comité de Huelga".
También exhortó a la sociedad en general a apoyar el
movimiento e hizo un llamado a la comunidad universitaria a
que se desista de acudir a clases. "No pueden estar en un
aula tomando clases cuando la mitad de los lugares vacíos
en ese salón pertenezcan a los que están en presidio o sean
perseguidos políticos".
Denunció además que mediante llamadas telefónicas le
han dicho que hay una orden de aprehensión en su contra y
le piden dinero para que ésta no proceda y que teme por su
integridad física porque ha recibido amenazas.