La cámara conocerá la iniciativa, tendiente a localizar a los detenidos desaparecidos, aunque no se hubiese determinado responsabilidad penal en los respectivos casos.

El texto cumple con los mismos objetivos planteados por el proyecto de ley de secreto profesional emanada del informe de la mesa de diálogo sobre derechos humanos, integrada por distintos estamentos de la sociedad chilena.

Aprobado en tiempo récord por el congreso, el secreto profesional permite guardar la identidad de las personas que den información conducente a encontrar al casi millar de detenidos desaparecidos del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Sobre el tema, el Presidente de Chile, Ricardo Lagos, llamó anoche a tener particular cuidado de no afectar el proceso que se desarrolló a partir del acuerdo de la mesa de diálogo.

De esa manera, el mandatario se refirió a las críticas surgidas a raíz del eventual nombramiento de un grupo de asesores de su confianza que podrían tergiversar la información que recaben sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.

"Estamos en presencia de un paso tremendamente importante para el país, y tenemos que tener particular cuidado de no afectar con nuestras acciones lo que significó eso como un progreso para todo el país", expresó.

El gobierno chileno promulgó la pasada semana la ley cuyo objetivo es ubicar a los detenidos-desaparecidos del régimen militar (1973-1990) y que da un plazo de seis meses a las fuerzas armadas para entregar antecedentes.

La iniciativa, publicada el jueves pasado en el diario oficial, establece la obligación de secreto para quienes den y entreguen datos conducentes a establecer el paradero y destino del casi millar de desaparecidos durante la administración castrense.

De esta manera se concretó la iniciativa que se restó en el marco del entendimiento entre representantes de las fuerzas armadas y de orden y abogados de derechos humanos en la mesa de diálogo, la cual se materializó en la madrugada del 12 de junio pasado.

La ley, número 19.687, en su artículo único faculta a recibir información a pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, así como a los masones y los integrantes de las fuerzas armadas y carabineros.

Esas instituciones estarán obligadas a mantener reserva respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos-desaparecidos.