Los ambientalistas señalaron en un comunicado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) condicionó la libertad de acción de los auditores, "limitando a que sólo se pueden hacer entrevistas a quienes trabajan en la planta" y a que la empresa que realice la investigación tenga 10 años de constituida.

Según informes anteriores de Greenpeace, la nucleoeléctrica, ubicada en el oriental estado de Veracruz, tiene un funcionamiento deficiente que genera "riesgos de un accidente nuclear grave del cual la nación no podría recuperarse".

Además de las denuncias del organismo ambientalista existen otras de habitantes de Laguna Verde que señalan diversos problemas causados por el funcionamiento de la planta.

La CFE niega que existan deficiencias y afirma que la planta opera de acuerdo a normas internacionales en la materia.

En su favor la CFE cita un trabajo que señala que las condiciones de seguridad son las apropiadas y que fue realizado en 1990 poco antes de iniciar operaciones.

La auditoría independendiente fue admitida por la CFE luego de una larga campaña de denuncias de Greenpeace sobre anomalías en la planta nuclear.

El acuerdo entre el organismo ambientalista y el instituto oficial que tiene a su cargo la operación señalaba que se realizaría una auditoría dirigida por especialistas independientes en el tema.

Para Greenpeace las condiciones puestas por la CFE es "contraria a la transparencia que requiere el proceso", porque "no es posible que a quienes hemos promovido la auditoría se nos niegue encontrarnos con los auditores".