Todos los incidentes y denuncias deben verificarse inmediatamente, declaró en Manila el portavoz gubernamental Ronaldo Zamora. Al mismo tiempo, el gobierno filipino autorizó a representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos a viajar a la sureña isla de Joló, baluarte de los rebeldes separatistas islámicos.

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas ha cuestionado con insistencia la veracidad de reportes militares según los cuales sólo dos civiles han muerto en enfrentamientos ocurridos desde el 16 de septiembre, fecha en que el Ejército lanzó su ofensiva para aniquilar al grupo rebelde islámico Abu Sayyaf en Joló.

Según datos proporcionados por el Ejército, hasta el momento más de 36.000 personas han huido de los combates entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla. El portavoz presidencial Ricardo Puno descartó que la ofensiva militar esté a punto de concluir.

Abu Sayyaf aún mantiene en su poder a 17 rehenes, entre ellos 13 filipinas, tres malaisios y un estadounidense, Jeffrey Schilling, de 24 años. Los rebeldes piden un rescate de diez millones de dólares por la liberación de Schilling, demanda que Estados Unidos ha rechazado rotundamente.