En 2009 los ingresos gubernamentales han tenido una severa disminución (MN$480 millardos) por la fuerte baja de los ingresos petroleros y de la recaudación de impuestos debido a la recesión económica.
Según el Secretario de Hacienda, éste es el mayor “shock” financiero para el gobierno en 30 años.
Peor aún, el panorama para el próximo año luce muy diferente ya que la SHCP estima que tendrá un faltante de MN$300 millardos. De ahí que la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federación para 2010 promete ser una de las más álgidas y complicadas en muchos años.
Una vieja discusión
Mientras que las autoridades buscarán por todos los medios (impuestos, precios y tarifas, deuda) aumentar sus ingresos, ofreciendo la reducción de algunos rubros de gasto (congelamiento de plazas, disminución de gastos de representación, celulares y similares), los partidos de oposición y líderes del sector privado exigirán la “reducción del gasto corriente” del gobierno.
No obstante, a pesar de la inusual severidad en la caída de los ingresos públicos, la discusión anterior ya la hemos vivido en muchas ocasiones y ahora, como en el pasado, lo más probable es que no sirva para atacar los problemas de fondo.
Los problemas básicos
Los tres problemas fundamentales de la finanzas públicas son: en primer lugar, que muy pocos pagan impuestos (la base de recaudación es muy pequeña), debido a las numerosas exenciones, regímenes preferenciales y “hoyos” que tiene nuestro sistema fiscal. De ahí la altísima dependencia (36%) de los ingresos petroleros, cuyo precio y producción se han reducido.
El segundo problema es que gran parte de los recursos se gastan de manera muy ineficiente. Con demasiada frecuencia nos enteramos que programas gubernamentales en los que se han gastado miles de millones de pesos durante años no han cumplido con los objetivos para los que fueron creados (PROCAMPO, por ejemplo), o que los resultados han quedado muy por debajo de lo que se proponían.
Y el tercer problema es el llamado esquema de coordinación fiscal, que bajo la demagogia del federalismo, ha generado un “Frankenstein fiscal”. Este federalismo fiscal incentiva el dispendio y está sujeto al juego político entre el Ejecutivo Federal, el Congreso y los estados.
Los estados han optado por que sea el gobierno federal quien pague el “costo político” de establecer y cobrar impuestos, mientras que ellos los gastan a discreción. En 2008, por ejemplo, las entidades federativas y municipios recaudaron (entre todas) el equivalente de menos de un punto porcentual del PIB, pero gastaron, a través de las transferencias federales, recursos equivalentes al 9.05% del PIB.
La entrada extraordinaria de recursos petroleros de 2005-2008 simplemente se tradujo, en gran medida, en un dispendio a manos llenas de los Estados, equivalente a sacarse la lotería sin comprar boleto. Es indicativo que ningún Estado (ni el DF) haya creado un fondo de contingencia con parte de los recursos extraordinarios que recibieron para enfrentar épocas de “vacas flacas” como la de ahora.
¿Existe tela
de dónde cortar?
Como señalamos, ahora se vuelve a insistir en la reducción del gasto corriente del gobierno federal y es innegable que existe una enorme ineficiencia y exceso de burocracia. Sin embargo, ¿qué tan realista y prudente sería esperar un despido importante de empleados públicos en las condiciones económicas y sociales actuales? La probabilidad parecería remota.
Sin embargo, un aspecto que sí puede (y debería) atacarse de inmediato es el dispendio en los principales programas existentes. Como consecuencia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a partir de 2007 los principales programas de gasto federales son evaluados externamente en su diseño, ejecución y resultados.
Los resultados de la evaluación realizada a 104 programas en 2007-2008 dada a conocer recientemente muestran una realidad dramática: la calificación global ponderada es de 6.3 sobre 10, siendo el criterio de “Orientación a Resultados” el más débil con una calificación de 4.9. Esto avala la percepción de que muchos programas públicos están diseñados por y para la burocracia.
Además, los 10 programas con mayor presupuesto tuvieron una calificación promedio de 5.9 y de su presupuesto total, prácticamente la mitad (49.5%) correspondió a programas reprobados. Existe, por tanto, una enorme veta para reducir el dispendio y al mismo tiempo incrementar la eficiencia de los programas actuales.
Por otro lado, el común denominador a los problemas señalados es claro: los grupos de interés que se benefician del status quo. Esto es un problema político que no se solucionará con la “buena voluntad” de los involucrados. Se requeriría una negociación política al más alto nivel para replantear todo el sistema fiscal, lo cual puede llevar varios años. Sin embargo, para comenzar sería indispensable un liderazgo con una clara visión de largo plazo que, lamentablemente, no se vislumbra por ahora.
