Política
Revelan nuevo escándalo de corrupción en sexenio de Peña Nieto que investigarán
La partida presupuestal 33701 fue la principal fuente de ingresos del gabinete de seguridad durante la pasada administración
El Gobierno Federal aún mantiene bajo la lupa las actividades de la administración pasada de Enrique Peña Nieto, en las cuales se realizaron gastos por miles de millones de pesos supuestamente utilizados para seguridad nacional ocultado como una partida especial de extrema confidencialidad para el combate a los cárteles de la droga.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) en investigaciones paralelas se encontró que más de 40 mil millones de pesos fueron erogados entre 2013 y 2018 por parte de las dependencias de seguridad y la Secretaría de Gobernación encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong para misiones y objetivos confidenciales.
De acuerdo a una investigación realizada por el periódico Milenio, integrantes del gabinete de seguridad revelaron que una de la partida presupuestal 33701 clasificada como Gastos de Seguridad Pública y Nacional, fue una de las fuentes casi inagotables de ingresos para el secretario de gobernación.
Actualmente la UIF y la SFP se encuentran revisando cómo es que fue empleado el dinero y las razones del entonces mandatario para justificar el egreso de millones de pesos acusando de confidencialidad con la intención de eludir procesos de licitación.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto los gastos de la partida 33701 se dispararon a sus máximas cifras registradas desde su creación durante el gobierno de Felipe Calderón en 2012, siendo una de sus entregas más descaradas el 7000 %por arriba de los fondos autorizado por el Poder Legislativo para llegar a las manos de Osorio Chong.
Entre las organizaciones gubernamentales acusadas destaca la Procuraduría General de la República en el pago de hospedaje, renta de vehículos y alimentos con la justificación de operaciones encubiertas en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Al igual el Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social generó sospechas por la compra de softwares de seguridad para centros penitenciarios y la adquisición por parte de la Policía Federal adquirido en 2015 en un sobreprecio de más de 2 mil 500 millones de pesos.
